Después de siete días de silencio oficial sobre la pandemia del coronavirus en Nicaragua, este 12 de mayo el Ministerio de Salud emitió un reporte donde registra 25 casos positivos y 8 fallecidos.
En contraste, el independiente Observatorio Ciudadano contabiliza 1.033 casos sospechosos de covid-19 y 188 fallecidos por una “neumonía atípica”, que fueron tratados en los hospitales como pacientes con covid-19 y sepultados a través de un procedimiento exprés.
Mientras aumenta el número de personas fallecidas y la mayoría de los hospitales del país empiezan a abarrotarse de pacientes sospechosos de covid-19, incluidos muchos médicos y del resto del personal sanitario, la información pública, siempre escueta, resulta ser cada vez más confusa y contradictoria sobre el avance de la epidemia.
A diferencia de otros países de la región, la orden del búnker de El Carmen, donde permanece atrincherada la pareja presidencial, ha sido no hacer pruebas masivas de covid-19 ni informar a la población sobre los resultados de los escasos test diarios que realizan.
Ha habido, por lo tanto, una intención deliberada de mantener al país a ciegas, mientras se relajan las alertas sanitarias y el virus avanza en su proceso de expansión.
Negacionismo. Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) oficializó la pandemia, el 11 de marzo, Nicaragua tuvo suficiente tiempo para diseñar y ejecutar una estrategia de prevención, pero el régimen optó por una política negacionista para mantener la supuesta “normalidad” en el tercer año consecutivo de recesión económica, causada por la crisis política.
El gobernante ausente rechazó todas las iniciativas de prevención y mitigación propuestas por médicos y científicos, gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil, la oposición política y la Iglesia católica. Asimismo, rehusó aceptar una alianza público-privada para enfrentar la pandemia.
Para la dictadura, que atraviesa una crisis política terminal, la amenaza del coronavirus era una oportunidad para chantajear al país y dividir a los grandes empresarios, llamándolos a pedir la suspensión de las sanciones internacionales. Pero Ortega no pudo sabotear la unidad nacional ni evitar las nuevas sanciones de la Unión Europea por graves violaciones a los derechos humanos.
Fracasado el chantaje, el régimen descartó toda medida de prevención y mitigación, y dejó claro que su único interés es recaudar impuestos para seguir financiando la planilla de la represión y el control del Estado, que le permite mantenerse en el poder.
Irresponsabilidad ciudadana. Como el presidente Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, la vicepresidenta Rosario Murillo desafió porfiada las advertencias de los científicos, promoviendo de forma temeraria actividades masivas.
A los partidarios del régimen, les prometió que “gracias a Dios y al comandante” no serían afectados por el “virus importado”, pues la excepcionalidad de nuestro “sistema de salud familiar y comunitario” los habría inmunizado, aunque Nicaragua siguió “exportando” casos positivos a Cuba.
En consecuencia, el gobierno nunca aplicó el distanciamiento social recomendado por la OMS ni decretó una emergencia sanitaria, y todavía el pasado fin de semana Murillo seguía convocando a realizar más de 2.500 actividades masivas, como ferias, fiestas y actos culturales y deportivos en todo el país.
Al llegar el momento de la verdad, cuando más necesaria resulta la información pública, porque hay indicios apabullantes de que ya empezó el contagio comunitario, la dictadura redujo aún más la información sobre el avance de la covid-19.
El silencio oficial en la fase de crecimiento exponencial del contagio equivale a un ataque frontal contra la cruzada ciudadana “Quédate en casa”, una conspiración criminal para debilitar el principal esfuerzo de prevención de la pandemia que pretende salvar vidas.
Afrenta contra la razón. En su aferramiento al poder a cualquier costo, Ortega y Murillo están confirmando su más absoluto desprecio por la vida de los ciudadanos, del personal sanitario e incluso la de sus propios partidarios.
La censura a la información pública y la mentira como política de Estado representan una práctica recurrente que forma parte del ADN de la dictadura.
En realidad, estamos ante los mismos gobernantes que suplantaron la voluntad popular en las urnas, haciendo fraude en las elecciones del 2008, 2011 y 2016.
Después de la matanza de abril del 2018, intentaron borrar los muertos de la memoria nacional para dejar los crímenes en la impunidad. Y ahora, en la crisis de la covid-19, después de haber promovido el contagio, intentan negar la existencia de las víctimas fatales de la pandemia, de las cuales no hay registro oficial y están siendo sepultadas de noche.
Nuestra respuesta como periodistas y medios de comunicación independientes será siempre no callar y seguir informando la verdad, con el apoyo de los médicos y especialistas, y con la confianza de los ciudadanos para derrotar este odioso cerco de silencio oficial, que está poniendo en riesgo la vida de decenas de miles de personas.
Es hora de salvar vidas y demandar la mayor protección para los médicos y el personal sanitario en general, pero en Nicaragua no podemos hacer un esfuerzo extraordinario contra el coronavirus para seguir en dictadura.
El desafío nacional consiste en delinear una estrategia de resistencia contra la amenaza de la pandemia y la dictadura, que a estas alturas son la misma cosa.
Una estrategia que, desde la oposición y el movimiento Azul y Blanco, incorpore a todas las fuerzas vivas del país: los servidores públicos, civiles y militares; los trabajadores desempleados y las pequeñas y medianas empresas afectados por el agravamiento de la crisis económica; y también los grandes empresarios que se enfrentan a la encrucijada de adoptar riesgos para promover el cambio político o esperar que Ortega concluya la destrucción total del país.
Nicaragua entera debe unirse para salir de la dictadura aliada del coronavirus.
carlosf.chamorro@confidencial.com.ni
El autor es periodista nicaragüense.