Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA presentó su informe preliminar sobre Nicaragua, en mayo del 2018, estableció entre sus principales recomendaciones al Estado la necesidad de desarmar a los grupos paramilitares.
“El Estado debe desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La demanda, nacida del reclamo de las víctimas de la represión con el respaldo de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica, ha sido reiterada en todos los informes nacionales e internacionales de los organismos de derechos humanos: Cenidh, CPDH, CIDH, la oficina de la alta comisionada de la ONU, GIEI, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Sin embargo, un año después, la dictadura rehúsa desarmar y desmantelar las bandas paramilitares, a pesar de que en el primer diálogo nacional el canciller, Denis Moncada, en nombre del gobierno, acogió todas las recomendaciones de la CIDH.
La negativa responde al cálculo estratégico del presidente, Daniel Ortega, de mantenerse en el poder por la fuerza policial e irregular, imponiéndole un costo político incalculable al Ejército de Nicaragua. Erigido en “jefe supremo de la Policía”, según la ley que reformó a su medida con la complicidad de la entonces directora de la Policía Aminta Granera, Ortega también ha sido coronado jefe de facto de los paramilitares.
Esos grupos han sido indistintamente descritos como “policías voluntarios”, “fuerzas de autodefensa sandinistas” y “policías en labores encubiertas”, pero lo cierto es que representan una fuerza armada irregular, que opera al margen de la Constitución.
Colapso policial. La formación de una banda paramilitar por decisión presidencial confirma el colapso institucional de la Policía Nacional, pero también revela que, bajo el mando del general Julio César Avilés, el Ejército de Nicaragua se ha convertido en un instrumento cómplice de la represión, al actuar como una extensión de la dictadura del partido-familia.
Resulta impensable que alguno de los jefes militares que antecedieron al general Avilés en el cargo desde que en 1990 se inició la despartidización del Ejército Popular Sandinista —Humberto Ortega, Joaquín Cuadra, Javier Carrión u Omar Hallesleven— habría permitido que bajo un gobierno democrático se promoviera desde la presidencia la creación de una banda paramilitar.
Con Avilés, en cambio, el Ejército capituló en una de sus misiones fundamentales al permitir, por las ambiciones políticas y económicas personales de su jefe, la creación de estos cuerpos armados que amenazan la seguridad nacional.
En connivencia con Ortega, Avilés primero decapitó, en el 2013, al entonces jefe del Estado Mayor y segundo al mando en la sucesión militar, el general Óscar Balladares, y, después, facilitó una reforma al Código Militar, que a la postre lo entronizó en el poder durante diez años, mientras Ortega promovía la reelección indefinida.
La prolongación por dos períodos de Avilés en el mando militar ha afectado el proceso de profesionalización del Ejército, al imponer un “tapón” en los ascensos del escalafón militar, mientras decenas de altos oficiales calificados han sido mandados a retiro a conveniencia política.
Hacen la vista gorda. Durante más de una década, el Ejército combatió a los grupos armados con motivaciones políticas en el campo, descalificados como delincuentes, abigeos y narcotraficantes. Nunca comparecerán ante un juez porque solo hubo “muertos en combate”. Pero bajo el mando de Avilés, ese mismo Ejército nunca se ha atrevido a actuar en contra de los parapoliciales del presidente Ortega, que operan a la vista pública en las ciudades con armamento de grueso calibre.
Hasta ahora, ningún paramilitar ha sido detenido o se encuentra bajo proceso de investigación por los crímenes perpetrados antes, durante y después de la fatídica Operación Limpieza contra los pobladores de Masaya, Carazo y los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional, efectuada en julio del año pasado.
El gobierno pretende cobijarlos bajo una autoamnistía, que ha sido dictada con la pretensión de dejar esos crímenes en la impunidad. Una amnistía que ha sido recurrida por inconstitucionalidad por las Madres de Abril y los familiares de las víctimas de la represión, con la plena convicción de que, más temprano que tarde, en Nicaragua prevalecerá la verdad y la justicia sin impunidad por crímenes que son imprescriptibles.
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Elecciones y reforma. El desarme de estos grupos armados y su sometimiento a la justicia, incluidos sus líderes y promotores, es condición sine qua non para que en Nicaragua se puedan realizar elecciones libres, transparentes y competitivas, y para crear las condiciones de una futura reforma policial. De lo contrario, la Nicaragua pos-Ortega, bajo un nuevo gobierno democrático, será ingobernable con la permanencia de estos grupos armados ilegales, controlados “desde abajo”.
Pero ¿puede el Ejército desarmar a los paramilitares mientras el general Julio Cesar Avilés siga siendo el jefe de la institución? La inacción de Avilés le ha costado al país en los últimos quince meses más de 300 vidas, miles de heridos, decenas de miles de exiliados y una crisis irreversible de confianza y credibilidad en la institución militar.
El Ejército tiene las facultades legales e institucionales para desarmar y desmantelar a los paramilitares. El nudo del problema radica en el sometimiento del general Avilés al caudillo del FSLN y jefe de facto de los paramilitares. Esa es la disyuntiva que enfrenta el Consejo Militar del Ejército de Nicaragua: hundirse con Ortega, como la Guardia Nacional y Somoza en 1979, o intentar convertirse, otra vez, en una institución nacional, con una jefatura comprometida a desmantelar las bandas paramilitares.
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El autor es periodista nicaragüense.