El uso de información genética contenida en bases de datos de la más variada naturaleza constituye hoy por hoy un innegable recurso gracias al rápido avance en las ciencias, especialmente de la genómica, proteómica, bioinformática y biología sintética.
La disponibilidad, abaratamiento y capacidad de almacenamiento y procesamiento de secuencias genéticas ha hecho que estas técnicas sean cada vez más útiles en varios campos, incluida la lucha contra enfermedades como la covid-19.
El uso de muestras físicas fue sustituido gradualmente por información química o genética depositada en miles de bancos de datos públicos y privados en todo el mundo.
Las regulaciones son muy diversas con respecto a las condiciones para acceder a esos datos y, más importante aún, en cuanto a las formas de compartir beneficios (monetarios y no monetarios) entre los nuevos usuarios de este conocimiento (universidades, investigadores individuales y empresas de todo tamaño) y los proveedores.
Temas delicados. Múltiples estudios se han efectuado en los últimos años sobre el impacto de la utilización de esta información en diferentes áreas (farmacológica, agrícola y alimentaria, entre otras) y en qué medida una sustitución parcial o total del acceso a las muestras físicas daría al traste con los derechos de los países y otros proveedores de los recursos genéticos “físicos” ubicados en áreas protegidas, colecciones ex situ, fincas privadas, centros de investigación, etc.
Cómo tratar desde las políticas públicas y el derecho la problemática de las denominadas secuencias genéticas digitales (DSI, por sus siglas en inglés) es discutido primordialmente en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo de Nagoya, pero, también, con mucha intensidad, en foros, tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y en el proceso de negociación un instrumento legalmente vinculante para la conservación de la biodiversidad en áreas fuera de toda jurisdicción nacional.
La primera secuencia del genoma del virus fue depositada por China a inicios de enero en la Iniciativa Global para Intercambiar todos los Datos sobre Influenza (conocida por sus siglas en inglés Gisaid), repositorio internacional para compartir información sobre diferentes virus causantes de la influenza.
Fue creada con el auspicio de la OMS hace algunos años y, a la fecha, dispone de varios centenares de secuencias genéticas depositadas, incluida una cantidad considerable procedente de países en desarrollo.
En nuestro país, el jueves 30 de abril se anunció la secuenciación completa del genoma que circula en el territorio.
Reglas de uso. El acceso se rige por un acuerdo de uso que debe ser aceptado por los usuarios y que fija reglas con respecto a los beneficios derivados del empleo y la propiedad intelectual, entre otros asuntos de interés, resguardando de esta manera los derechos de los proveedores.
Esta y otras iniciativas han respondido a las dificultades para el rápido intercambio de información, incluidas secuencias genéticas de otros virus, como el ébola y la gripe aviar, en un pasado no muy lejano.
Adicionalmente, la posibilidad de mutación del virus obliga por igual a mantener vigilancia constante sobre la composición genética y otros datos que ayudan a anticipar y atender esos cambios.
Labor de la OMS. En marzo, la OMS aprobó La hoja de ruta para la investigación coordinada: el nuevo coronavirus 2019, cuyo contenido refleja esta preocupación al indicar que los materiales del virus, las muestras clínicas y los datos asociados deben ser rápidamente intercambiados para fines de investigación pública y que un justo y equitativo acceso a todos los productos médicos e innovaciones desarrollados, utilizando esos materiales, deben formar parte de esa distribución. La hoja de ruta reconoce que el acceso a los beneficios resulta crítico.
Más recientemente, la OMS promovió la creación de un Covid-19 Tools Accelerator (ACT) con el fin de fomentar la colaboración para el desarrollo y disponibilidad de vacunas, métodos de diagnóstico y formas de tratamiento, entre otros. Los detalles prácticos de este mecanismo y sus objetivos no han sido divulgados totalmente.
Estas cuestiones iban a ser discutidas y acordadas en la 15.ª Conferencia de las Partes (COP) del Convenio sobre la Diversidad Biológica —pospuesta para el 2021—, donde se esperaba fuera uno de los puntos más difíciles de la negociación.
Conclusión. Cómo distribuir beneficios derivados del empleo de la información genética en momentos cuando su uso es cada vez más extendido y podría paulatinamente sustituir la necesidad de contar con acceso físico a plantas y animales es un reto para los países, especialmente en desarrollo, y un acuerdo o consenso internacional sobre esta materia se muestra lejano.
No obstante, será un asunto ineludible en las agendas de investigación, innovación y desarrollo, ya sea para casos como el de la covid-19 o para otras esferas del conocimiento.
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El autor es abogado.