Solo en Costa Rica condenamos al Primer Poder de la República, máximo representante del pueblo, a realizar sus funciones en instalaciones tan deplorables que, en varias oportunidades, se han girado órdenes sanitarias de desalojo en varios de sus edificios, y uno de ellos debió ser demolido.
Mientras, en otros países, el Congreso se ubica en verdaderas joyas arquitectónicas –Inglaterra y Hungría– o en edificios que proyectan fuerza y liderazgo –Alemania y Estados Unidos–, vale cuestionarnos el profundo simbolismo detrás de nuestra incapacidad para brindar una sede digna al poder llamado a ser el corazón y referente de nuestra centenaria democracia.
Del complejo de edificaciones que hoy componen la Asamblea Legislativa, ninguna de ellas fue construida para el funcionamiento de labores parlamentarias, y tienen como elemento común una serie de peligrosas deficiencias que diariamente atentan contra la seguridad y salud de sus ocupantes y visitantes.
Pocas experiencias reflejan mejor el inmovilismo e incapacidad de gestión, en que ha caído nuestro Estado, como el largo proceso tomado para tratar de darle a la Asamblea Legislativa las instalaciones adecuadas, dignas y acordes con el alto mandato a ella encomendado por nuestra Constitución Política.
¿Parches como solución? Nuestra versión de puentes bailey . En los últimos 30 años se han creado comisiones, y se ha llamado a concurso de anteproyectos y propiciado medidas desesperadas como el traslado temporal fuera del casco histórico de San José. Hoy, la Asamblea Legislativa cuenta con varios inmuebles en pésimas condiciones y varios edificios alquilados, lo cual dificulta, encarece y resta eficiencia legislativa.
Nunca ha estado el Parlamento tan cerca de contar con una sede adecuada, luego de un esfuerzo serio, profesional –fideicomiso, concurso, apoyo del CFIA, jurado de especialistas nacionales y extranjeros–, que ha tomado muchos años y recursos, y está por quedar nuevamente en el papel ante la oposición del Centro de Conservación del Patrimonio Cultural.
¿Por qué hasta ahora su oposición, si todo el proceso ha sido público? No me convence la subjetiva argumentación de que “el proyecto no respeta la escala y proporción del conjunto histórico existente, con lo que se minimiza y desmerece el valor urbano arquitectónico de los edificios patrimoniales…”.
Nunca se debió haber llegado a esta encrucijada. Que prevalezcan la sensatez y la conciliación, pero –lo más importante aún– digamos adiós a esa nefasta mentalidad de la obstrucción. Si seguimos en esta ruta, en poco tiempo no se podrá construir en Costa Rica ni una acera.