FIRMAS PRESS.- El pasado enero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó escuchar un caso sobre los campamentos de personas sin hogar y evaluará si las ciudades pueden prohibir o limitar legalmente que la gente sin vivienda acampe en espacios públicos. Si da el visto bueno, los gobiernos municipales tendrían la autorización de la más alta corte del país para desmantelar campamentos de desamparados y echarlos de áreas públicas. El Tribunal Supremo debe fallar en algún momento de este año.
La crisis de las personas sin hogar en Estados Unidos es un fenómeno complejo que ha llevado a la creciente criminalización de esta población vulnerable. A lo largo de las últimas décadas, muchas ciudades han aprobado leyes y políticas que penalizan la falta de vivienda, en lugar de atacar las causas fundamentales de este problema social.
La tendencia plantea preguntas críticas sobre la equidad, la compasión y la efectividad de los intentos por resolver la crisis de las personas sin hogar.
Uno de los enfoques más comunes adoptados por gobiernos locales es aplicar medidas que prohíben dormir en espacios públicos o pedir ayuda económica en la calle. Aunque se argumenta que tales acciones buscan mantener la seguridad y el orden público, su impacto real a menudo resulta en la criminalización de quienes carecen de vivienda.
Las consecuencias son muy nocivas para los desamparados. Los que violan las normativas enfrentan multas, arrestos y, en algunos casos, encarcelamiento. Esto no solo perpetúa el ciclo de la pobreza, sino que dificulta aún más la reintegración de estas personas en la sociedad, al tener antecedentes penales por actos relacionados con su falta de vivienda.
A medida que la brecha entre los ingresos y el costo de vida sigue creciendo, muchos no tienen medios suficientes para pagar por una vivienda estable y terminan en la calle.
Marginalización y discriminación
La falta de refugios y programas de apoyo adecuados también contribuye a la crisis. Muchas personas sin hogar enfrentan barreras para ingresar a refugios debido a la falta de espacio, restricciones de entrada y condiciones insalubres. En lugar de resolver estas deficiencias, algunos gobiernos municipales castigan a los que duermen en la calle, perpetuando así un ciclo de marginalización y discriminación.
Entre estas ciudades están Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Seattle, Honolulu y otras urbes con un alto número de personas que no tienen un techo, lanzadas a la calle por el disparado costo de la vivienda. En Florida, en octubre del 2023 la Comisión de la Ciudad de Miami Beach votó a favor de permitir que la policía arreste a personas sin hogar que se encuentren durmiendo al aire libre y se nieguen a ir a un refugio.
Aun así, uno puede ver desamparados deambulando por lugares frecuentados por turistas, como el área peatonal de Lincoln Road, buscando refugio en portales de negocios que han cerrado.
Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, el número de personas sin hogar en Estados Unidos marcó un récord en el 2023, cuando alcanzó una cifra de 653.104 individuos, 12 por ciento más que el año anterior. Es el mayor aumento desde que el gobierno federal empezó a llevar un conteo anual de la penosa estadística en el 2007.
Inequidad racial y étnica
Un dato significativo tiene que ver con la inequidad racial y étnica: el 37 por ciento de las personas sin techo son afroestadounidenses, aunque representan solo el 13 por ciento de la población nacional. En el caso de los hispanos, también se observa una desproporción: constituyen el 33 por ciento de los desamparados y el 19 por ciento de la población.
Es crucial explorar alternativas a la criminalización de las personas sin hogar. En lugar de imponer multas y penas de cárcel, la creación de más refugios y viviendas asequibles es esencial para resolver la crisis de los que no tienen techo. En este sentido, la acción del gobierno en todos los niveles —desde el local hasta el federal— es imprescindible.
La criminalización de las personas sin hogar en Estados Unidos es un problema social que requiere una atención urgente. Es necesario examinar las causas fundamentales de la falta de vivienda y buscar soluciones humanitarias.
En el que se considera el país más rico del mundo —aunque con un nivel intolerable de desigualdad—, la promulgación de políticas oficiales que promuevan la equidad y fomenten la justicia social es esencial para que ningún ser humano tenga que dormir en la calle, y encima ser perseguido por ello.
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Andrés Hernández Alende es escritor y periodista radicado en Miami. Su novela más reciente es “La espada macedonia”, publicada por Mundiediciones. En el 2023 publicó un libro sobre la pandemia de covid-19, titulado “Una plaga del siglo XXI”.