Recientemente, fui testigo de experiencias muy positivas de apoyo de los cuerpos policiales en materia de protección de personas vulnerables a la violencia intrafamiliar. Felicito al Ministerio de Seguridad por este avance en la sensibilidad y preparación de sus funcionarios. La otra cara de la moneda, empero, es el debilitamiento del acompañamiento especializado a las mujeres víctimas de violencia por otras instancias, y esto pese a que desde el Primer informe estado de la justicia, publicado en el 2015, muy claramente se estableció que la atención y la asistencia a esta población es el eslabón más débil del sistema.
El Informe estado de la justicia señalaba que el acompañamiento letrado es uno de los tres factores favorecedores de que los procesos penales lleguen a la etapa de juicio, en tanto un estudio del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), del 2013, reveló su carencia como un nudo crítico para el acceso real y oportuno a la justicia de las mujeres que sufren violencia.
Respuesta pertinente a estos estudios fue la alianza tripartita entre el Inamu, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas, que aseguraba el acompañamiento por especialistas a lo largo del proceso. Dolorosamente, el convenio fue rescindido por la Contraloría General de la República debido a un tecnicismo. Ahora, a causa de los recortes presupuestarios, el convenio entre el ICE, el 911 y el Inamu, que da sustento al Centro Operativo de Atención a la Violencia Intrafamiliar, quedó debilitado.
El ICE, primero, anunció en octubre que se retiraba y luego, en diciembre, retomó su labor en el grupo. Ojalá no sea solo en el papel, puesto que una mayoría de los equipos expertos fueron reubicados y se les asignaron otras responsabilidades.
El país avanzó en materia de diagnóstico, en evidenciar las disparidades de género con respecto al acceso a la justicia y la imperante impunidad cuando se trata de delitos asociados a víctimas de violencia de género. Además, se determinó que una de las mejores medicinas es el acompañamiento especializado de las víctimas a lo largo del proceso. No puede ser que continúen como las más desamparadas de la justicia.
El Estado tiene una responsabilidad histórica impostergable de no dejarlas solas para que el lema “Ni una más” sea una realidad.
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La autora es politóloga.