La supuesta polarización del país, que algunos asumen como un auto de fe, es hoy una construcción retórica interesada, más que una realidad social documentada.
En muchos casos, su anuncio parte de honestas lecturas del entorno, sobre las cuales se puede debatir con respeto. Pero quienes en semanas recientes han enarbolado con mayor celo el argumento de una gran fractura nacional, presumo que buscan disfrazar intereses sectoriales o distorsiones institucionales con ropajes de absolutos doctrinarios.
Este es el terreno al que han querido llevar el debate sobre la transparencia, finanzas y estrategias del ICE, o sobre los disfuncionales esquemas salariales de diversas instituciones públicas.
La esencia de la discusión es puntual, y tiene mucho más que ver con la buena gestión que con la ideología.
Consiste en determinar los grados de eficiencia del ICE, el resultado de sus inversiones, dónde pierde o gana y por qué, cómo incide esto en las tarifas eléctricas y el patrimonio, y qué está haciendo por mejorar.
En cuanto a los salarios del sector público –con sus mutantes “pluses”, recalificaciones, anualidades, rupturas de topes y dedicaciones exclusivas– se trata de racionalizar y homologar procesos, allanar desigualdades, fomentar el buen desempeño y aligerar la carga a los contribuyentes.
Es decir, todo se reduce a eficiencia, justicia y rendimiento de cuentas.
Sin embargo, como nadie quiere perder privilegios o reconocer culpas y falencias, los defensores del statu quo , en lugar de informar, explicar y corregir, han optado por enredar y dividir. De aquí procede su retórica de la polarización, con retumbos de guerra santa.
Si pedir cuentas se equipara con un ataque al “Estado social de derecho”, exigir eficiencia con una embestida contra “instituciones emblemáticas” de nuestra nacionalidad, examinar costos y beneficios públicos con una “persecución contra sectores sociales” y medir resultados con una “conspiración neoliberal”, será muy fácil hablar de polarización. Pero la realidad es otra. La verdadera división, en este caso, es entre quienes se apegan a esquemas injustos e insostenibles y quienes claman por un cambio indispensable. Lo demás tiene otro nombre. Se llama coartada.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).