En los países democráticos el Estado se abre al escrutinio público. En los autoritarios, el público debe estar abierto al escrutinio del Estado.
En las democracias, el acceso a la información pública es una práctica que no solo debe ser respetada, sino estimulada. Por esto las más maduras y progresistas han desarrollado normas y sistemas para que los ciudadanos puedan tener acceso rápido y fácil a las fuentes oficiales. Pero como pocos de ellos tienen tiempo o habilidad para hacerlo, son los periodistas quienes han asumido la tarea de una manera sistemática y profesional.
En las dictaduras el proceso se da a la inversa: los entes públicos se entrometen en las comunicaciones privadas, los ámbitos de intimidad se convierten en un privilegio otorgado y la posibilidad de llegar a las fuentes informativas es casi nula.
Costa Rica está en el primer caso: es una democracia consolidada. Sin embargo, existen preocupantes síntomas del segundo.
Es visible desde hace algún tiempo una proclividad, sobre todo entre políticos y funcionarios, a evadir la indagación, condicionar su apertura a la prensa o introducir mecanismos de control sobre la información. Esta no se ve como un derecho de los ciudadanos, sino como una mercancía susceptible de manipulación.
A esto, el affaire del espionaje telefónico añade ahora el espectro de una interferencia activa en las comunicaciones privadas. Nada indica que se trate de una política de Estado, pero sí hay fuertes indicios que tras ella han estado funcionarios oficiales.
Ambas situaciones deben sonar una aguda voz de alarma, porque control de información pública sumado a intervención en comunicaciones privadas es una receta que apunta al autoritarismo.