BOGOTÁ– Mientras Estados Unidos y otras economías avanzadas van volviendo a la normalidad, en la última semana de junio, Colombia informó de la mayor cantidad de casos y muertes por covid‑19 hasta el momento.
Desde inicios de mayo, el país registra un deceso diario por la enfermedad del coronavirus por cada 100.000 habitantes (tres veces la tasa de la India).
En tanto, en las ciudades colombianas, han estallado las tensiones sociales. A principios de mayo, miles de manifestantes (muchos de ellos, jóvenes) forzaron el retiro de una propuesta de reforma impositiva y la posterior renuncia del ministro de Finanzas.
Ese mismo mes, S&P Global Ratings degradó la calificación de los bonos colombianos de BBB- a BB+ (menos que el «grado de inversión»), lo que tornará más difícil recuperar la sostenibilidad fiscal.
Esta tríada (covid‑19 sin freno, agitación social y crisis fiscal) no es exclusiva de Colombia. Muchas otras economías emergentes y en desarrollo, sobre todo, en América Latina, enfrentan un conjunto similar de problemas, en el que un empeoramiento de uno exacerba los otros.
Pero esta no es una crisis latinoamericana tradicional que admita soluciones tecnocráticas. Esta vez los manifestantes exigen un cambio del sistema político.
En Chile, independientes y extrasistema tendrán primacía en la redacción de una nueva constitución. Y en Perú, un virtual terremoto se cierne sobre la política establecida, por la aparente victoria de Pedro Castillo (un exmaestro de escuela de izquierda partidario de la nacionalización de activos estratégicos) en la elección presidencial del 6 de junio. El descontento con la política tradicional está llevando a una lamentable oleada de populismo demagógico.
Desencanto social. En Colombia, ya van dos meses de disturbios, protestas y huelgas. Aunque el apoyo popular a las marchas y manifestaciones comienza a disminuir, está claro que la gente está insatisfecha con el sistema político.
Una encuesta reciente indica que el 71 % de los colombianos no se identifica con ninguno de los partidos políticos actuales del país.
La dirección que tomará el cambio político en Colombia sigue siendo incierta, y dependerá de la evolución de cada uno de los tres problemas. Por el lado de la pandemia, la campaña de vacunación empezó con lentitud, debido a la demora en la obtención de suministros, pero finalmente toma velocidad: hasta el momento se han administrado unos 12 millones de dosis (una por cada cuatro colombianos).
Al ritmo actual, en octubre del 2021 estaría vacunado el 60 % de la población. Pero el alto costo de las medidas de confinamiento vigentes implica que la economía se reabrirá mucho antes.
La explosión social también tiene que ver con la pandemia y su impacto económico. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística informa de que 2,1 millones de colombianos (casi el 5 % de la población) dejó de pertenecer a la clase media durante la pandemia. Y otros 2,7 millones que ya eran pobres o vulnerables pasaron a la indigencia. En el primer grupo imperan la frustración y la decepción; en el segundo, la desesperación y la furia.
Las tensiones sociales se agravan por la situación de mujeres y jóvenes. La cantidad de mujeres empleadas se redujo un 15 % durante la pandemia (frente a una caída del 6 % en el caso de los hombres).
Las medidas de confinamiento y los cierres de escuelas obligaron a muchas mujeres a quedarse en casa (donde se registró un aumento de la violencia doméstica), y muchas de ellas trabajan en sectores (por ejemplo, servicios) que resultan muy afectados por la pandemia. En tanto, el 27 % de los jóvenes de entre 14 y 28 años de edad (de los que dos tercios son mujeres) no trabajan ni estudian.
Los problemas para la economía se agudizaron por el bloqueo de rutas críticas, incluidas las que llevan a Cali y al puerto de Buenaventura, en el Pacífico. El centro de análisis independiente Fedesarrollo calcula que el costo de las huelgas hasta el momento asciende al 0,6 % del PIB; en tanto, los cortes de suministro produjeron en mayo un 5,4 % de incremento en los precios de los alimentos.
Contra más impuestos. Las negociaciones entre el gobierno y representantes del comité de huelga se suspendieron a principios de junio. Es probable que la lista de demandas del comité (que incluye la provisión de una renta básica de emergencia equivalente a un salario mínimo al 42,5 % de la población que ahora vive por debajo de la línea de pobreza) empeore una crisis fiscal que ya es grave.
Se prevé que el déficit público llegue al 8,6 % del PIB este año y al 7 % en el 2022. La deuda pública crecerá en un 69 % del PIB en el 2022 (era un 50 % en el 2019).
La respuesta del gobierno fue la desafortunada propuesta de reforma impositiva, que hubiera afectado a la clase media al ampliar la base tributaria de los impuestos sobre el valor agregado y la renta de las personas.
Ahora se trabaja en una iniciativa más acotada (que solo pagarán las grandes empresas y los ricos), de modo que toda medida fiscal estructural se pospondrá hasta después de la elección presidencial y legislativa del 2022.
Los pragmáticos sostienen que la tríada de problemas que enfrenta Colombia es una oportunidad para elaborar una agenda de reformas razonable basada en un aumento de la participación política, la descontinuación de programas estatales ineficientes y una política fiscal más progresiva.
Nada garantiza ese resultado, en particular, porque el país sigue dividido en torno al acuerdo de paz del 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este es un gran obstáculo para la formación de una coalición centrista que encare cuestiones políticas fundamentales.
El candidato presidencial que encarna la visión populista, Gustavo Petro, lleva la delantera en las encuestas de opinión, con el apoyo de un 38,3 % de los votantes probables.
Petro promueve un salario mínimo para las familias de bajos ingresos (por cuenta del banco central). Entretanto, la extrema derecha volvió a apelar al miedo para movilizar apoyo; sostiene que la vecina Venezuela organizó deliberadamente la explosión social en Colombia para desestabilizar el país.
Igual que Perú, parece que Colombia se verá obligada a elegir entre dos opciones extremas (la rabia de la izquierda o el miedo de la derecha), a menos que aparezca una alternativa centrista viable.
Y en una competencia entre la derecha radical y la izquierda populista, lo más probable es que el descontento popular con el gobierno actual le dé ventaja a la izquierda.
En tal caso, la expansión fiscal resultante terminará empeorando la situación de los colombianos. Lo que el país necesita con urgencia es un liderazgo político capaz de responder al malestar de las calles con estrategias eficaces que hagan frente a la crisis social y a la crisis fiscal en simultáneo, mientras aumenta el ritmo de vacunación para derrotar a la pandemia.
Lamentablemente, es posible que la expectativa de que la democracia triunfe sobre la demagogia sea una mera expresión de deseos.
Mauricio Cárdenas: exministro de Finanzas de Colombia, es investigador superior visitante en el Centro sobre Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
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