Pensé titular este artículo «Las barricadas legislativas» o «Hecha la ley, hecha la trampa», porque esto responde a lo que quiero comentar. Pero me decidí por algo más comedido, alusivo a que cuando la lucha electoral calienta los ánimos en la Asamblea salen a flote las limitaciones de nuestra dirigencia política.
Lo digo a propósito de dos hechos ocurridos la semana pasada. El primero se originó en la negativa del gobierno a posponer la exigencia del código QR. Es un asunto racionalmente opinable, causante de tensiones entre intereses diversos, que hay que ponderar. No obstante, el conflicto animó a un grupo de legisladores a anunciar que, como revancha, bloquearán las prioridades del Ejecutivo.
En la jerga de barricada que se ha empleado con este fin hay expresiones destempladas, lejanas del espíritu constructivo con que uno quisiera que nuestros representantes encararan la gestión pública en estos tiempos de oscuridad: una diputada dijo que hay que hacer que el Ejecutivo sienta un poquito el ácido de lo que es bloquear un país, como si las consecuencias no las padeciéramos todos; otro aseguró que el gobierno tendría tres largos, tortuosos y tristes meses de sesiones extraordinarias, como si el retraso en alcanzar decisiones fuese por sí mismo un resultado conveniente o de interés exclusivo de los partidos.
El segundo es la resolución del TSE que no descarta que un determinado partido político haya usado medios desleales o ilícitos para obtener datos privados de los votantes. El TSE dice que no está demostrado, más allá de toda duda, que los datos sensibles hayan sido obtenidos de modo legítimo.
El tema tiene al menos dos aristas: que la actividad llevada a cabo por el partido, o por cuenta de este, haya implicado el uso de fondos aportados por el Estado contra lo dispuesto en el Código Electoral; y que la actividad, además, pudiera haber invadido ilícitamente la esfera privada de innumerables personas (ignoro si yo, entre ellas). De cualquier manera, la ofensa sería gravísima, y mal puede soslayarse atribuyendo al TSE, como ha pretendido un legislador, que este órgano pareciera tener un propósito difamatorio.
Parece irremediable que el casuismo, el oportunismo, el negacionismo y el obstruccionismo se cuelen en el discurso y las actitudes de los actores políticos. Pero no veo en esto un argumento convincente que acredite para el buen gobierno.
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El autor es exmagistrado.