Finalmente, se puso freno a una de las primeras propuestas de este gobierno, La Ruta del Arroz, iniciativa compuesta por dos decretos, uno para bajar sustancialmente el monto del arancel a la importación y otro para la creación de un mercado libre.
Su promesa: una rebaja en el precio de tan vital grano en la alimentación de los costarricenses. La realidad, según el INEC, es que la rebaja ha sido insignificante a costa de la quiebra de miles de productores y la pérdida de empleos en zonas rurales deprimidas.
Luego de varios años de lucha ante los tribunales de justicia, finalmente, el Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda dictó de manera cautelar suspender los efectos de ambos decretos por gestión del Grupo Organizado de Productores de Arroz de la Región Pacífica y Brunca. Dicha resolución, como su nombre lo dice, es cautelar y podría ser revocada por la resolución de fondo o una instancia superior.
Entretanto, los estragos en el país ya se sienten con un profundo efecto social. De las originales 35.300 hectáreas sembradas, solo permanecen dos años después 24.274, o sea, una disminución del 31 %, y un 21 % de los productores, algunos de los cuales no pudieron enfrentar sus deudas y perdieron sus propiedades.
La que parecía una buena idea para los consumidores, que era bajar el costo de un ingrediente fundamental en la comida básica, al reducirse los aranceles al arroz en granza del 35 % al 3,5 % y al arroz pilado, de un 35 % a un 4 %, y con una apreciación del colón que abarata las importaciones, debió haber ocasionado una rebaja significativa en el precio final que los consumidores pagamos.
Según datos del MEIC, que es parte interesada, la disminución ha oscilado ente un 29 % y un 36 %, lo que ha sido rechazado por el INEC, órgano independiente encargado de cuantificar los precios al consumidor (IPC), que ha señalado que, paradójicamente, durante los primeros meses de vigencia del decreto los precios más bien subieron y actualmente se registra una pequeña baja, pero no supera el 3 %.
Con esta medida no han ganado los consumidores, han perdido los productores y sus empleados, y hasta el mismo gobierno debido a los aranceles dejados de recaudar. La pregunta indispensable es quién está ganando.
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La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.