El reciente fallo del Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda que suspendió la Ruta del Arroz revivió el debate en torno al apoyo al sector agropecuario.
Recordemos que el Poder Ejecutivo decretó una rebaja sustancial en el arancel de importación, del 35 al 3,5 % para el grano en granza y un 4 % para el arroz pilado.
Los objetivos de la medida eran “promover condiciones que se traduzcan en un mejor precio al consumidor y, dados los encadenamientos existentes del sector arrocero y su función en la economía costarricense, mantener niveles arancelarios que permitan también la producción nacional y el aprovechamiento simultáneo de los beneficios que conlleva el comercio internacional, todo ello dentro del margen de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la actividad administrativa que el Estado debe tutelar y fomentar”.
De esta forma, el decreto promovía un equilibrio entre objetivos contrapuestos. No es posible bajar el precio al consumidor y al mismo tiempo mantener la producción doméstica utilizando el arancel como única medida.
Un principio en políticas públicas sostiene que, para reconciliar objetivos en conflicto, se deben utilizar múltiples instrumentos. Esto se conoce como la regla de oro de las políticas públicas, propuesta por el premio nobel de economía Jan Tinbergen.
Para alcanzar con éxito múltiples objetivos, debe haber por lo menos un instrumento disponible para cada uno.
Estrategia integral para los arroceros
En diversas oportunidades, he afirmado que una producción de arroz competitiva y sostenible es posible en Costa Rica. El país posee condiciones naturales de luminosidad, agua para riego, tierras disponibles, agroindustrias modernas que pueden competir a escala global y agricultores con conocimiento, disposición y compromiso.
Se puede desarrollar una estrategia integral para garantizar la sostenibilidad de la actividad arrocera y proteger el bienestar del consumidor.
La estrategia debe abarcar productividad, zonificación basada en la disponibilidad de agua y sol, programas de financiamiento, investigación y extensión, y apoyo tecnológico.
Además, debe considerar la importancia de las economías de escala en la producción y comercialización, y la necesidad de garantizar una transmisión eficaz de los precios internacionales hacia el mercado interno.
Es crucial tener en cuenta los desafíos relacionados con la seguridad alimentaria: los conflictos geopolíticos, el cambio climático, la certeza y la facilitación de las importaciones y la concentración de importadores y minoristas en el mercado nacional.
Por supuesto que para realizar estas acciones son necesarios múltiples instrumentos, la acción de diferentes instituciones, el apoyo de la academia y el gremio, y recursos económicos necesarios.
Desgraciadamente, el énfasis de los gobiernos y los productores ha estado siempre en el arancel, que como ya vimos tiene capacidades limitadas.
Significación de la agricultura
Lo expuesto hasta ahora puede generalizarse para proponer una ruta para la agricultura. Pese a todos los sesgos en su contra, la agricultura (ganadería, acuicultura, pesca y alimentos incluidos) cumple múltiples funciones de máxima importancia para el país.
Garantiza la seguridad alimentaria de los costarricenses y provee insumos a diversas industrias, desde las fábricas de alimentos hasta los dispositivos médicos.
Las divisas generadas por los $5.000 millones de productos agroalimentarios que se exportan son suficientes para pagar la factura petrolera e importar el resto de los alimentos que se consumen y los insumos para la producción de los que se necesitan.
La agricultura es la empleadora por excelencia en las costas y fronteras, lo cual, además, nutre el tejido social de los territorios, tan expuestos últimamente al flagelo del desempleo y las actividades criminales.
Es también garante y protector de los recursos naturales mediante prácticas que conservan el suelo, gestionan eficientemente el agua, fomentan la biodiversidad, aumentan la captura de carbono, utilizan los recursos de manera eficiente y preservan los hábitats naturales.
Uno de los hechos más relevantes de las últimas décadas es que el crecimiento relativo de otros ámbitos de la economía hace que el peso de la agricultura en el PIB sea relativamente pequeño, por consiguiente, libera recursos para apoyar las actividades agropecuarias y de alguna manera recompensar el extenso período en que el sector fue la base y sustento de la economía nacional.
Elementos de una ruta agrícola
Un estimado profesor que tuve en la Escuela de Economía Agrícola de la Universidad de Costa Rica explicaba que la agricultura requiere políticas diferenciadas y acciones positivas. Hoy, es más cierto que nunca.
A continuación, detallo tres elementos generales de lo que puede ser la ruta de la agricultura en Costa Rica:
1. Elevar el posicionamiento estratégico del sector: debe reflejarse en todas las instituciones públicas y niveles de organización, y manifestarse en la totalidad de los territorios.
Al definir la agricultura como prioridad estratégica, se facilita el flujo de recursos, la ejecución de programas de apoyo y la conformación de alianzas y colaboraciones entre la academia, los gremios, las empresas del campo privado y las organizaciones cooperantes.
2. Destrabar la maraña institucional y la falta de liderazgo que obstaculizan la toma de decisiones coherentes con el desarrollo sectorial. Esto implica establecer mecanismos claros de coordinación interinstitucional y liderazgo dentro del Estado, especialmente del Poder Ejecutivo, para garantizar una dirección unificada y coherente en políticas agrícolas.
Es fundamental resolver los conflictos recurrentes entre Agricultura, Ambiente, Salud y Comercio Exterior, y adoptar enfoques integrados que consideren los impactos interrelacionados en estos ámbitos.
3. Ejecutar políticas diferenciadas y acciones positivas. Aprovechando su posicionamiento estratégico y respondiendo a su carácter multifuncional, la agricultura debe ser beneficiaria de políticas explícitas y acciones positivas promotoras de la productividad, aumentadoras del bienestar de los productores, que utilicen las capacidades instaladas de producción en las costas y fronteras, fomenten la seguridad alimentaria y beneficien a los consumidores.
Me refiero al crédito, la atracción de inversiones, el tratamiento tributario, la simplificación de trámites, el apoyo productivo, las compras públicas, la construcción de infraestructura y la facilitación del comercio, entre otras.
La agricultura ha sido pilar fundamental del desarrollo del país a lo largo de 200 años. Con el enfoque estratégico y las políticas adecuadas, seguirá cumpliendo sus funciones en las décadas venideras y responderá a los desafíos nacionales y globales para continuar creando riqueza y bienestar para todos.
Nota del autor: Dedicado a la memoria de Rigoberto Vega (1971-2024), presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.
victor.umana@incae.edu
Víctor Umaña es economista agrícola. Realizó sus estudios de posgrado en Economía Política Internacional en la Universidad de Berna y el ETH de Zúrich, Suiza. Es consultor internacional en comercio internacional, competitividad y desarrollo sostenible.