En noviembre del 2014, tras aprobarse el presupuesto nacional del 2015, el presidente, Luis Guillermo Solís, lanzó una severa admonición: “Los ministros que no cumplan con la expectativa de gestión (presupuestaria) se van el 1.° de mayo”. Al otro día la plasmó en una directriz, pero en marzo siguiente la aligeró y dispuso que la guillotina solo se aplicara ante “incumplimiento injustificado”. Sin este cambio, hoy todo el gabinete estaría descabezado: la subejecución del 2015 superó en un 52,1% a la del 2014.
En julio del 2008, los diputados libertarios y del PAC exigieron cuentas al gobierno de Oscar Arias sobre un millón de dólares donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que no habían entrado al presupuesto. El pasado miércoles, Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia y diputado entonces, acudió a la Asamblea para defender que Solís hiciera casi lo mismo (aunque mejor maquillado) que lo reclamado a Arias. Amarga misión.
Para algunos, ambos hechos revelan cinismo y doble moral del Ejecutivo y del PAC, que cambian según a una cosa la “vean venir” o tengan que “bailar con ella”, o si están en el gobierno o la oposición. Algo hay de esto, pero no resulta inédito en política.
Sin embargo, me inclino por un abordaje distinto: estos casos demuestran la gran diferencia que existe entre dos variables clave para el ejercicio del poder. Una es el voluntarismo pirotécnico de un presidente seducido por la teatralidad o un partido anclado en la oposición, que se manifiesta en discursos, promesas, exigencias y advertencias; otra, la cruda realidad del Estado y su administración, plagados de reglas, rigideces y controles.
Es en gran medida por lo anterior que una parte del presupuesto se queda en Tesorería, o que, para usar con flexibilidad el regalo del millón, haya que buscar la “comba al palo” legal y, como ahora, subcontratar su ejecución. En el caso del BCIE, el Ejecutivo demostró mayor destreza jurídica y voluntad de transparencia que el gobierno de Arias. Con el enorme incremento de la subejecución, ha revelado incompetencia.
Moraleja: para gobernar, las intenciones no bastan. Tan importante, o más, es saber hacer y, mejor aún, proponer las reformas para que el Estado, además de transparente, sea más ágil, robusto y eficaz.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).