Tras la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el mes pasado en Nueva York, se pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que desempeñe un papel externo en Afganistán.
Los talibanes están buscando ansiosamente legitimidad internacional y las potencias globales y regionales deberían dársela, pero solo cuando cumplan ciertas condiciones políticas y humanitarias, en consonancia con las últimas declaraciones oficiales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU acerca de ese país.
La ONU está bien posicionada para facilitar este proceso. Durante las últimas cuatro décadas de guerra prácticamente ininterrumpida en Afganistán, fue un actor que siempre estuvo presente.
Miles de miembros de la ONU corrieron riesgos extraordinarios para paliar el sufrimiento humano y, a finales de la década de los noventa del siglo pasado, facilitaron las negociaciones entre los talibanes y sus rivales.
Dada la casi inexistente capacidad de influencia de Occidente sobre el grupo, la ONU debe reanudar su papel central en la promoción de la reconciliación, la entrega de ayuda humanitaria y el fomento del desarrollo.
Para estas funciones se necesitarán estructuras, personal y recursos adicionales. El 17 de octubre el Consejo de Seguridad aprobó una ampliación de seis meses del actual mandato de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán y pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que dé «recomendaciones estratégicas y operacionales» para el futuro de la misión de aquí al 31 de enero del 2022.
Mirando hacia adelante, el papel de la Organización de las Naciones Unidas en Afganistán debería ampliarse en cuando menos cinco áreas clave.
Primero, el apoyo al llamado reciente del Consejo de Seguridad para llevar a cabo «un proceso de reconciliación nacional liderado por los propios afganos». Para ello, la ONU debe ofrecer sus buenos oficios a todas las partes en conflicto.
Puede servir como asesor imparcial y experimentado en las gestiones que tienen como propósito formar un gobierno más diverso y representativo de una mayor base social, gracias a su larga trayectoria de trabajo con gobiernos y organizaciones de paz en la región.
El papel cumplido por la ONU en la implementación del Acuerdo de Bonn para formar un nuevo gobierno en Afganistán en el período 2001-2005 ofrece un marco de trabajo que puede guiar este proceso.
Jean Arnault, enviado personal de Guterres sobre Afganistán y Asuntos Regionales, fue un representante de Lakhdar Brahmini, el renombrado solucionador de problemas de la ONU que desempeñó un papel central en las negociaciones que condujeron al Acuerdo.
En segundo lugar, para evitar una crisis humanitaria, la ONU debería facilitar los consensos y la participación constructiva entre los talibanes, los líderes globales, las potencias regionales y los donantes.
Todas las guerras recientes en territorio afgano han tenido un significativo componente internacional, y es improbable que se alcance una estabilidad y seguridad básicas —por no mencionar algo que se parezca a una paz duradera— sin la cooperación de los países vecinos y de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Tercero, el mandato de la Organización de las Naciones Unidas debe incluir un monitoreo y reporte regular al Consejo de Seguridad sobre problemas críticos en lo relacionado con los derechos humanos.
Para que el gobierno de Afganistán reciba el reconocimiento y la ayuda internacionales que se supone que desea, los talibanes deberán cumplir con un conjunto de condiciones políticas y humanitarias aceptadas internacionalmente, entre ellas se encuentra un gobierno representativo e inclusivo, medidas para prevenir el regreso de organizaciones terroristas internacionales y pasos para proteger a los civiles.
Cuarto, la ONU puede ayudar a coordinar apoyo médico, ayuda alimentaria y otras donaciones. En su informe del pasado mes al Consejo de Seguridad, Deborah Lyons, representante especial de las Naciones Unidas para Afganistán, hizo notar que 18,5 millones de afganos —cerca de la mitad de su población— necesitan ayuda humanitaria.
Reconociendo esta alarmante tendencia, agravada por la sequía y la pandemia del nuevo coronavirus, la ONU convocó una reunión ministerial de alto nivel sobre la situación humanitaria en el país, que se celebró en Ginebra, el 13 de setiembre, y en la cual los gobiernos se comprometieron a donar $1.200 millones en ayuda aproximadamente.
Por último, la ONU tiene un papel crucial en la organización de ayuda internacional para el desarrollo, que será fundamental para el futuro de Afganistán.
El objetivo de esta ayuda debe ser mantener constante la prestación de servicios públicos básicos, como la atención sanitaria, la educación y la generación de energía.
Puesto que es probable que se reduzca la ayuda bilateral, la Organización de las Naciones Unidas podría servir de entidad de control principal y canal de asistencia internacional a través de fondos de fideicomiso de emergencia.
Al reflexionar sobre su papel de liderazgo en la ONU en la supervisión del Acuerdo de Bonn, Brahmini recalcó que uno de sus mayores errores fue no hablar con los talibanes entre el 2002 y el 2003. «Tendríamos que haber conversado con todos los que estaban dispuestos a hacerlo», reiteró.
La comunidad internacional no debe cometer este error nuevamente. Incluso, los talibanes saben que el país que controlan en este momento es muy diferente del que gobernaron hasta el 2001.
Con un poco de aliento de la ONU, tal vez se pueda persuadir a los talibanes a colaborar con una nueva generación de afganos con formación para embarcarse en un camino de desarrollo que aleje al país de la violencia brutal, la corrupción explotadora y la carestía generalizada.
A corto plazo, un enfoque así representa la opción menos mala para la comunidad internacional y, principalmente, para el pueblo afgano.
Richard Ponzio es director del Programa de Gobernanza, Justicia y Seguridad Globales del Stimson Center.
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