El 23 de este mes, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos abrogó una ley de Nueva York que establecía estrictos límites para la portación de armas en público, un precedente que se extenderá a otros estados. Al día siguiente, eliminó el derecho constitucional al aborto, establecido en 1973, tras el famoso caso Roe vs. Wade. El 27, declaró inconstitucional impedir a un entrenador de fútbol rezar públicamente en el terreno tras el término de los partidos. Este jueves, redujo las potestades de la Agencia de Protección Ambiental para controlar los gases de efecto invernadero emitidos por los generadores eléctricos.
Cada caso tiene implicaciones distintas, y nuestras ideas de fondo pueden variar sobre ellos. Pero lo indiscutible es que, en conjunto, han impuesto al país, en solo siete días, lo que quizá sea la agenda conservadora más militante, amplia y dura en la historia de la Corte. Su base es una supermayoría de 6 a 3, consolidada con tres nombramientos durante el gobierno de Donald Trump. Su naturaleza, en el contexto estadounidense, es en extremo regresiva. Y muy peligrosa.
El peligro tiene dos facetas. Por un lado, este ímpetu puede conducir a otras decisiones que limiten derechos (libertad de expresión o matrimonio igualitario, por ejemplo) o reduzcan aún más la capacidad reguladora federal (¿sobre empresas financieras o farmacéuticas?). Por otro, acentúa la enorme disfuncionalidad que padece su sistema de representación, negociación, pesos y contrapesos.
La representación tiene una notoria falencia constitucional: no importa su población (40 millones en California o menos de 1 en Alaska), cada estado envía dos senadores a Washington, y el llamado filibuster (una práctica, no una norma) exige 60 de 100 votos para aprobar gran parte de la legislación. Esto da gran capacidad de bloqueo a las minorías. El otro problema es político: la manipulación de distritos electorales, sobre todo por los republicanos, para evitar la competencia e inclinar la balanza a su favor.
La suma de un Congreso estancado por esa dinámica más el enorme poder cuasilegislativo de la Corte ha permitido a los conservadores en control imponer su agenda, ahora con virulencia inusitada y acentuación de fracturas y conflictos. El riesgo antidemocrático no puede menospreciarse.
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