Hace poco más de un mes, la planta de generación solar El Romero, la mayor de Latinoamérica, se interconectó a la red chilena. La construyó la empresa española Acciona Energía a un costo de $343 millones. Pronto alcanzará su producción máxima de 198 megavatios (MW), informa la revista The Economist. El 16 de setiembre, nuestro gobierno dio por recibida la planta hidroeléctrica Reventazón, la mayor de Centroamérica. La construyó el ICE a un costo de $1.379 millones. Su capacidad máxima es de 305,5 MW.
Una simple operación aritmética indica que para producir cada MW la empresa española invirtió $1,73 millones; el ICE, $4,5 millones: dos veces y media más. Podemos alabar la ingeniería tras el megaproyecto, pero no queda más que cuestionar sus finanzas y recordar que la función del ICE no es exhibir pericia técnica a cualquier precio, sino eficiencia al menor posible.
La planta Reventazón responde a una “lógica” cuasi monopólica, de centralización, volumen y transferencia automática de costos a los usuarios. Es un paradigma que no se sostiene en ninguna industria en competencia, sobre todo si han emergido formas de gestión y tecnologías disruptivas que cada vez hacen más inviable el modelo. Si en nuestro caso no ha colapsado, es porque el Estado lo protege y los consumidores, incapaces de escoger, estamos obligados a mantenerlo.
En medio de esta precaria situación, complace que el ministro del Ambiente, Édgar Gutiérrez, haya planteado la necesidad de reducir el peso del componente hídrico en nuestra matriz eléctrica. Su inquietud declarada la motiva la incerteza sobre los patrones de lluvia, que reducen la estabilidad de la oferta y aumentan la necesidad de quemar hidrocarburos para suplir faltantes cíclicos. Es un buen paso, pero se queda corto.
La discusión –y decisiones– sobre la matriz de generación deben ir más allá de sus fuentes. Debemos replantearnos la naturaleza misma del desfasado sistema vigente en el país y reconocer que, como está, cada vez resulta menos funcional, más oneroso y más dañino para nuestra competitividad.
El fin debe ser contar con un suministro estable y creciente de generación limpia, al menor precio posible, sin sesgos hacia un operador, financieramente sostenible, abierto a la innovación y ligado a las necesidades de los usuarios. El camino es claro, pero seguimos dormitando en la cuneta.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).