Familiares de los reos de conciencia en Nicaragua y defensores de derechos humanos confirman que 23 presos políticos, tres en El Chipote y 20 en la cárcel Modelo, están en huelga de hambre, arriesgando la salud, para exigir la suspensión del régimen de aislamiento y tortura impuesto hace más de un año por Daniel Ortega.
Se trata de una acción extrema de protesta, innecesaria si el sistema carcelario estuviera abierto a una inspección de los organismos nacionales e internacionales pro derechos humanos. Pero la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como El Chipote, aunque técnicamente es un centro temporal de investigación, opera en la práctica como una cárcel permanente de tortura, cerrada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión de Expertos Independientes de la ONU, entre otros.
En El Chipote, los presos políticos solo tienen derecho a una visita familiar de 2 horas cada 45 días, se les niega alimentación balanceada y atención médica especializada, y está prohibido el acceso a libros, lapiceros o cuadernos.
De manera que la huelga de hambre a la que recurrieron los presos políticos, como último recurso, es un llamado a la conciencia nacional y a la comunidad internacional para rechazar la normalización de la tortura. Exigir que se abran las cárceles al escrutinio internacional es el primer paso para derribar un sistema de presiones que simboliza la crueldad y deshumanización de la pareja presidencial, cuyo poder absoluto basado en la fuerza de la represión no tiene otro límite que su sed de venganza, el miedo a la libertad y su decrepitud moral.
Dora María Téllez, de 66 años, heroína en la lucha contra la dictadura de Somoza en el siglo pasado, quien sufre grave pérdida de peso y padecimientos crónicos de salud, demanda a través de su huelga de hambre que cese el régimen de confinamiento solitario al que ella y otras tres dirigentes de Unamos han sido sometidas durante más de 475 días de cárcel. Exige, además, que se les otorgue a todos los presos el derecho a la lectura y que le permitan firmar un poder legal para que sus familiares reciban la pensión del seguro social que por ley le corresponde.
Los familiares de Suyén Barahona, otra de las presas políticas sometidas al régimen de confinamiento solitario durante más de 475 días, comenzaron una campaña denominada Una Llamada para Suyén, para que le permitan tener una llamada de audio y video con su pequeño hijo de cinco años.
El periodista y bloguero Miguel Mendoza, preso desde hace 467 días, inició una huelga de hambre para que su hija de 9 años lo visite, y el abogado Róger Reyes, con más de 400 días en prisión, también está en huelga de hambre para que sus hijas menores que se encuentran enfermas puedan ir a verlo.
Los reos de conciencia Miguel Mora y Tamara Dávila pasaron por el martirio de una huelga de hambre a fin de lograr el derecho a una visita de sus hijos menores, pero el régimen no lo instituyó como un derecho para todos.
Maldad extrema en Daniel Ortega
En El Chipote y otros centros carcelarios se violan las reglas mínimas Nelson Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos en las cárceles, y se ha impuesto un sistema de aislamiento que los especialistas médicos califican de tortura, que causa daños físicos y psíquicos irreversibles en la salud de los presos políticos.
La demanda de los 23 presos políticos en huelga de hambre para poner fin al aislamiento es, por tanto, un imperativo humanitario para preservar la salud de los presos, mientras se anulan los juicios políticos para que todos recuperen su libertad.
Después de la muerte del preso político Hugo Torres bajo custodia policial en febrero de este año, ningún preso político debería verse obligado a exponer su salud con una huelga de hambre, cuyo propósito es acabar con el régimen de crueldad. Sin embargo, el miércoles 28 de setiembre, en su discurso en el aniversario de la Policía Nacional, Daniel Ortega intentó justificar el sistema de tortura contra los presos políticos como uno de los pilares de su régimen.
El dictador calificó de terroristas a los presos políticos por demandar elecciones libres y arremetió contra la Iglesia católica, el Papa y el secretario general de la ONU, que piden el cese de la represión. Pero su ataque más virulento lo dirigió contra el presidente de Chile, Gabriel Boric, uno de los líderes de la izquierda democrática en América Latina, que, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, demanda la liberación de los presos políticos de Nicaragua.
En el lenguaje orwelliano de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al invocar los derechos humanos como valores universales y condenar su régimen de crueldad, Boric y Petro actúan como “perros falderos” del imperialismo. Su dictadura familiar, cada vez más aislada en Nicaragua y por el resto del mundo, alineada con Rusia, Irán, Corea del Norte, China, Cuba y Venezuela, no puede ofrecer una solución nacional, sino únicamente una sucesión dinástica.
Fracaso del régimen en Nicaragua
Ortega puede prolongar la agonía de su régimen durante un tiempo, imponiendo más dolor y sufrimiento al pueblo nicaragüense, pero no excusar el fracaso de su gobierno, que solo es capaz de mantenerse en el poder con presos políticos y bajo el Estado policial.
Tampoco acepta una salida política negociada o un diálogo con la comunidad internacional. Al rechazar la gestión humanitaria de Gustavo Petro para liberar a los presos políticos y al expulsar a la embajadora de la Unión Europea Bettina Muscheidt, Ortega sigue dinamitando puentes, pues sabe que nadie puede ofrecerle impunidad por crímenes de lesa humanidad porque son imprescriptibles.
Como los tiranos al borde del abismo, está empeñado en radicalizar la represión y cerrar todos los espacios políticos. Su objetivo es cohesionar a los fanáticos de su núcleo político duro, pero en ese salto hacia delante también está alienando el apoyo de los mismos sandinistas y los servidores públicos, civiles y militares, que no están comprometidos con las masacres y la corrupción.
Frente a este callejón sin salida, la huelga de hambre de los presos políticos en la cárcel representa una llama viva de resistencia nacional. Un llamamiento dramático para romper el silencio, que demanda una presión internacional extraordinaria, no para intentar apaciguar al tirano, sino para que se suspenda el régimen de aislamiento y tortura en la cárcel. Es el primer paso para conseguir la liberación de los reos de conciencia, que encarnan la esperanza del cambio democrático en Nicaragua.
carlosf.chamorro@confidencial.com.ni
El autor es periodista nicaragüense.