En los últimos días han comenzado a surgir voces de protesta y crítica en contra de algunos dirigentes de las agrupaciones de educadores, a raíz de la aprobación de la nueva ley de pensiones el pasado lunes.
Los líderes gremiales, por su parte, procuran trasladar esas voces de censura a varios diputados y funcionarios públicos que intervinieron en la elaboración y trámite de la nueva ley, a pesar de pertenecer al mismo gremio. Por su falta de sentido lógico, estas acusaciones ya no calan en los diversos sectores de la sociedad porque, antes que defender los intereses de grupos, el funcionario público --diputado o no-- está obligado a velar, con criterio independiente, por el bienestar de todos los ciudadanos.
Atizar el fuego de la disconformidad y la frustración de muchos educadores honestos y trabajadores, a punto de pensionarse, es otra de las tácticas a que han recurrido los cabezas de las agrupaciones magistariales. De allí las convocatorias a huelgas por tiempo indefinido.
Quizá quieran los miembros del Magisterio desviar la atención del mal manejo de las negociaciones que tuvieron con el Gobierno, previamente al envío del texto de la nueva ley al Congreso. Abandonar la mesa de conversaciones fue lo que en el vulgo se llamaría "una metida de pata", consecuencia --diría yo-- de la creencia de que la influencia que poseen las asociaciones --debido al número de docentes que la integran-- les permitiría continuar imponiendo su voluntad, sin ton ni son.
Pero al margen de todo lo anterior, la realidad es que la evolución del sistema de pensiones del Magisterio --incluidos exdiplomáticos con jugosas remuneraciones-- impedía al Gobierno continuar brindándole el contenido financiero para evitar su colapso.