El juez Sergio Moro, de Brasil, país latinoamericano donde impera un sistema político tradicionalmente corrupto, incursionó, con éxito, la maraña de relaciones de convivencia entre empresarios y políticos. Metió entre rejas a connotadas figuras públicas, especialmente del Partido de los Trabajadores (PT) en desventaja numérica legislativa, e incluso a grandes empresarios como los dueños de Odebrecht. Otros personajes importantes de la clase política, seriamente cuestionados, como el mismo presidente Michel Temer, se han parapetado tras las mayorías legislativas y hasta el momento permanecen impunes.
Dentro de las acciones probadas a destacados colaboradores del partido de Lula encarcelados está el “ordeño” sistemático de Petrobras y el tráfico de influencias para otorgar ventajas a las empresas de Odebrecht y otros empresarios.
Dichas acciones no son nuevas en la política brasileña ni latinoamericana, es una tradición tanto para beneficio de los gobernantes, como para comprar alianzas y votos de los partidos. Muchos de estos operan como grupos de alquiler en el Congreso Nacional y en las cámaras de diputados estatales. Con estas compras se han garantizado votos para aprobar políticas y proyectos.
El alcance. En el caso del Partido de los Trabajadores no se destaca el enriquecimiento personal como motivación principal, sino como mecanismo de configuración de alianzas, pues por este medio se garantizó la aprobación de políticas y leyes, durante casi una década, de un gran impacto económico y social en el país.
Con estas políticas, el PT aprobó proyectos para sacar de la pobreza e insertar en la clase media a 40 millones de brasileños, especialmente de grupos y sectores excluidos de los campos y las ciudades. Creó 29 nuevas universidades federales para impulsar la movilidad social y el progreso regional. Una tarea hecha bajo los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, quien ha sido destacada como ejemplar por los organismos internacionales.
Aunque el fin no justifica siempre los medios, esos eran los mecanismos utilizados por el sistema político vigente, oculto pudorosamente bajo un manto formal republicano.
El Partido de los Trabajadores, creo, confió en la tradicional práctica de impunidad de los gobernantes y no aprovechó su liderazgo para levantar oportunamente la bandera de la reforma institucional para transformar el sistema electoral y establecer un sistema de controles descentralizados. Ahora paga las consecuencias.
Otros países también. El destape de la red de corrupción ha sido mayúsculo, e incluso alcanzó a otros 12 países latinoamericanos donde operó Odebrecht, por ello es un gran mérito para el juez Moro. Las intenciones de los políticos que manejan el Congreso no parecen estar dirigidas solo a limpiar y democratizar la vida republicana, sino, más bien, a impedir el retorno de Lula inhabilitándolo para ser candidato a la presidencia.
Si bien Lula difícilmente era ajeno a las operaciones de sus funcionarios, prácticas “normales” dentro de la gestión latinoamericana, no pudo probarse su involucramiento personal. Tal como puede verse en los interrogatorios (depoimientos en portugués) del juez Moro al expresidente Lula del 10 de mayo del 2017 y del 13 de setiembre de ese mismo año.
En los interrogatorios, se le achaca el uso de un apartamento supuestamente cedido por Odebrecht, posterior a su período presidencial. Estos interrogatorios se encuentran disponibles en YouTube, dentro de las cuales destaco un párrafo significativo: — “Señor juez, ¿usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío, que yo haya vivido ahí, que haya pasado ahí alguna noche, que mi familia se haya mudado o tiene algún contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria, algo? — “No, por eso le pregunto”. — “Ya le respondí”.
Este juicio ha sido muy acelerado, cosa inusual en la justicia brasileña, acompañado del ensañamiento de la gran prensa y los medios televisivos que han condenado al expresidente desde el principio sin darle una mínima capacidad de respuesta.
El proceso ha sido tan atropellado que cuando uno de los recursos de apelación de Lula se encontraba empatado en las votaciones dentro de la Corte Suprema de Justicia se produjo el pronunciamiento del jefe de las Fuerzas Armadas, quien aseguró no permitir la imposición de la impunidad. Un día después la presidenta de la Corte decidió votar doble y desempatar la votación para que Lula fuera llevado a la cárcel.
Chivo expiatorio. En otras palabras: la urgencia política de inhabilitar a Lula como candidato a la presidencia se impone, y el juez, carente de pruebas y a contrapelo del principio jurídico de que en caso de duda debe resolver a favor del reo, lo decreta culpable.
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La judicialización de la política es uno de los caminos para combatir la corrupción en nuestra América, pero no puede apartarse del debido proceso ni someterse a presiones electoreras, si no quiere devaluarse. Por sí misma, aunque puede contribuir, pero es incapaz de llevar a cabo las transformaciones institucionales requeridas para descentralizar y apoderarse del control del uso de los recursos públicos a las comunidades y grupos.
El problema de la corrupción es del sistema desde la colonia. Mientras la política no sea manejada por las comunidades organizadas y esté en manos de patronos y pastores que venden al mejor postor sus ovejas, el sistema seguirá produciendo corrupción.
Quizás los ejemplos uruguayo o boliviano marcan senderos relevantes de descentralización, participación y desarrollo cívico y resultados económicos ejemplares.
El autor es sociólogo.