¿Es la corrupción inherente a las personas o tiene un origen social e institucional? Dicho de otra manera, en una discusión sin fin, ¿qué es primero: el huevo o la gallina? Sin huevo no hay gallina y sin gallina no hay huevos.
La corrupción está relacionada con los valores de las personas, pero estos dependen del contexto en que se forman. Y digo “forman” porque los valores se aprenden y consolidan en la práctica social e institucional, no en los libros.
Los contenidos de los cursos y sermones éticos, si alguna vez calaron, se erosionan y diluyen frente a una actividad cotidiana que los niega y devalúa. Por eso, cuando la corrupción es una práctica social generalizada, crea una cultura que la reproduce y profundiza.
De muy poco sirve, en el mejor de los casos, llevar a un hombre probo a la primera magistratura si mantiene el mismo sistema reproductor de corrupción.
Ver la corrupción como un problema de valores personales y no como un sistema que se reproduce nos aleja de las soluciones. El Estado es la empresa que la sociedad monta para el buen funcionamiento del bienestar común. Todo esto dentro de la división de poderes republicana debe manejarse bajo los principios empresariales de la rendición de cuentas por resultados.
De hecho, es un principio constitucional consagrado en el artículo 11, aprobado en el año 2000, que obliga a los funcionarios; sin embargo, ha sido ignorado en la práctica por los diversos gobiernos por supuesta carencia de reglamentos, pero resulta que estos nunca son redactados.
Su lugar es sustituido, con bombos y platillos, por una serie de leyes moralistas, como la que combate la corrupción, cargada de normativas de control de procedimientos a los funcionarios y no a sus productos, como debe ser.
Con esas disposiciones de control estricto sobre los funcionarios y jerarcas se pretendía garantizar una buena administración e impedir la corrupción, solo que dejando por fuera lo realmente importante: el control de productos y resultados, con responsabilidad personal, lo que es fundamental para la buena gestión empresarial.
No ha sido casual. Con aparente radicalismo y verbo moralista, los políticos se han proclamado adalides del cambio. Del cambio para que nada cambie, porque no varían la esencia del control por los resultados con responsabilidad personal. Consecuentemente, siguen aprovechándose de las finanzas públicas.
Cumplir el mandato constitucional del artículo 11 no solo controlará los resultados, como en toda buena empresa, sino que desplazará de sus puestos a los jerarcas que incumplan sus obligaciones.
Pregunten a los candidatos a presidente y diputados qué piensan hacer y en qué plazos para que se cumpla la Constitución. Durante 21 años los políticos de todos los partidos gobernantes han evadido, por conveniencia, esta tarea, mientras se llenaban la boca con grandes consignas de ética y moral.
No crea en soluciones fáciles. El cambio debe producirse en el sistema que promueve y reproduce la corrupción.
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El autor es sociólogo.