¿Hasta dónde puede llegar la ambición del ser humano? ¿Qué fronteras oscuras es posible traspasar en nombre de la sed de poder y la acumulación de bienes materiales?
La historia de la humanidad rebosa de ejemplos de imperios y personajes que doblaron rodillas ante la tentación de alcanzar lo que no les pertenecía, sin importarles el medio y el precio para la sociedad.
Por eso, resulta lamentable que, en vista de tantísimos espejos rotos apilados desde el principio de los tiempos, los seres humanos sigan cayendo en las redes de una de las plagas que más carcomen su alma.
En las últimas semanas, los costarricenses hemos sido testigos de algunas pinceladas de lo que puede convertirse en el escándalo de corrupción más grande del país.
De confirmarse las sospechas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una red integrada por funcionarios y empresarios habría lucrado durante 20 años mediante la obtención de contratos públicos para construir obras viales.
En forma rastrera y silenciosa, esta organización habría taladrado los sistemas de control y muchas voluntades para extenderse como una plaga por oficinas públicas y firmas constructoras.
No es casualidad que las autoridades bautizaran este asunto como el caso Cochinilla, en alusión al insecto que disfruta chupando la savia de las plantas hasta marchitarlas y matarlas.
Dinero en efectivo, servicios sexuales, viajes, regalos, licor y no se sabe qué otro tipo de dádivas fueron, al parecer, utilizadas por unos para compensar los favores de otros.
En este lamentable caso, la cochina codicia parece haber sido el acelerante de un incendio que amenaza con quemar por igual a quienes hayan actuado como corruptos y corruptores.
Las autoridades judiciales tienen ahora la enorme tarea de que se haga justicia pronta y cumplida. No podemos aceptar que se repita lo ocurrido en otros sonados casos, como la trocha fronteriza y la pifia en la construcción de la calle que conecta la ruta 32 con el megapuerto de Limón. Pasan los años sin que los responsables paguen por su mal actuar.
Los contribuyentes merecen saber con certeza si alguien hizo una piñata con el dinero y conocer qué consecuencias tendrán esos actos.
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