Un estudio latinoamericano sobre nutrición y salud, llevado a cabo por profesionales de la Universidad de Costa Rica en el 2016, mostró que el 32,6 % de los costarricenses estudiados sufría sobrepeso y el 30,6 %, obesidad (un 63,2 % si se suman ambos porcentajes).
La situación por edades se resume de la siguiente manera: de los 6 a los 19 años, la población con sobrepeso y obesidad ascendía al 35 %, subía a un 54 % entre los 20 y los 34 años, a un 78,5 % en quienes tenían entre 35 y 49 años y a un 82,3 % en el caso de quienes estaban entre los 50 y los 65 años. De acuerdo con esta tendencia, se preveía que en el año 2060 el problema lo sufrirá el 94 % de los costarricenses.
En vista del panorama, el Ministerio de Salud asumió una posición inexplicable al oponerse al etiquetado frontal que advierte sobre los riesgos para la salud que representa el consumo de ciertos productos extranjeros, una de las medidas demostradas como eficaces para disminuir la ingestión.
Sobrepeso y obesidad se relacionan con una patología diversa y compleja: diabetes tipo 2 (los niños con obesidad tienen cuatro veces más probabilidades de padecerla a los 25 años), hipertensión arterial, depresión, apnea del sueño, elevación de la presión pulmonar, demencia, reflujo gastrointestinal, elevación del colesterol y los triglicéridos y cáncer de esófago, estómago, colon, páncreas, mamas, ovario o riñón, así como meningioma, esteatosis y cirrosis hepática.
Los hábitos alimentarios caracterizados por dietas densas en energía, particularmente comidas procesadas que contienen elevadas cantidades de azúcar refinada y grasas saturadas, y el bajo consumo de fibra y micronutrientes son considerados los principales factores de riesgo de obesidad.
Todo lo anterior es prevenible en la infancia y adolescencia si regulamos el mercado de productos dañinos y promovemos los estilos de vida saludables.
Regulación
Por eso, como medida mínima inicial, es necesaria la regulación de las compañías dedicadas a la producción de snacks y a la comercialización decomidas rápidas (hamburguesas, papas fritas, pollo frito, pizzas, tortillas con carnes y aderezos diversos, entre otros) y bebidas azucaradas y carbonatadas.
La regulación, para que tenga éxito, debe ser similar a la del tabaco, que obligue al etiquetado vistoso, donde se detalle el total de calorías que contiene el alimento, la aportación de grasas y sal y los riesgos para la salud al consumir este tipo de comidas. También, debe prohibirse el uso de personajes animados o promociones que estimulen a niños y adolescentes a comprarlas.
Recientemente, un estudio de la Universidad Nacional, la Red Antitabaco y una universidad de Chile demostró que el aumento en los impuestos sobre los cigarrillos disminuye el número de fumadores e impulsaría un significativo impacto en las posibilidades de mejorar la salud presente y futura de la población.
Experiencias internacionales muestran que si estas últimas son gravadas con porcentajes que van del 18 al 20 % la ingestión se desincentivaría enormemente.
La Sala Constitucional, en los votos 1691-2007 y 17747-2006, subraya que es obligación de “quien produzca, importe, distribuya y comercialice bienes o preste servicios” suministrar a los consumidores, en forma cierta y objetiva, información clara, veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de estos, así como de los riesgos para la salud.
Lo contradictorio es que, existiendo inacción estatal en cuanto al etiquetado, se descarte el esfuerzo que han hecho otros países y se desaproveche el trabajo que nos beneficia.
Centrarse en la prevención
Dado el abandono institucionalizado a lo largo de muchas décadas de la promoción y la prevención sanitaria, debe ser prioritario centrarse en poblaciones vulnerables y en la regulación decidida basada en evidencia a favor de la alimentación saludable, por lo que la posición del Ministerio de Salud es una amenaza directa al bienestar de la población en general y particularmente de los niños y adolescentes.
La situación ha llegado a tal límite que, en un programa de entretenimiento infantil en televisión, se promueve abiertamente el consumo de productos empacados que deberían estar prohibidos o, como mínimo, regulados por sus potenciales riesgos para la salud, sobre todo si el consumo se inicia tempranamente.
Además, y como nunca antes, es urgente hacer un llamado a la Asamblea Legislativa para retomar el proyecto de ley 22065, inexplicablemente archivado y que regula con fundamento el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas envasadas.
Es necesario si queremos empezar a detener la epidemia de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles que, junto con la violencia, nos está convirtiendo en un país enfermo.
morabecr@gmail.com
Alberto Morales Bejarano es médico pediatra, fue fundador de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños y su director durante 30 años. Siga a Alberto Morales en Facebook.