Un empate en la Corte Plena, máxima instancia administrativa del Poder Judicial, impidió que los beneficios por incapacidad de sus funcionarios se equiparen al resto de los trabajadores del país y pasen del 100% al 60% del salario.
En su sesión del lunes, nueve magistrados votaron en contra e igual número a favor de la iniciativa. Ahora habrá que esperar a que esté su totalidad (22) para replantear el caso.
Hace cuatro años se produjo otro empate, que puso de manifiesto, como el actual, que no decidir también es decidir, sobre todo si la indecisión mantiene un statu quo favorable a los decisores.
La excusa utilizada en el 2011 por los magistrados que se opusieron al cambio fue que debían esperar el fallo de la Sala IV sobre una acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría contra ese privilegio, por considerar que viola el principio de igualdad.
Desconocieron entonces que una cosa es la resolución de un tribunal –eventual o real– y otra, muy distinta, su responsabilidad con el buen manejo institucional, la equidad laboral y el uso responsable de los recursos públicos.
En diciembre pasado, la Sala rechazó el alegato de la Contraloría y calificó el tema como un asunto legal, no constitucional. De nuevo, nada tiene que ver su resolución con la gestión interna. Pero, de nuevo, los magistrados inmovilistas utilizaron el fallo para impedir la reforma.
Ahora se oponen con mayor vigor, aduciendo que eliminar el privilegio significaría un “retroceso” en los “derechos laborales” reconocidos por la resolución.
Tal artilugio de razonamiento, además de injustificado, es inquietante. Confunde deliberadamente la jurisdicción constitucional con la administrativa, revela una asombrosa falta de sensibilidad sobre sus responsabilidades hacia el Estado, y desconoce la insostenible realidad fiscal del país.
Difícil saber, a estas alturas, cuándo estarán presentes todos los integrantes de la Corte Plena y, por ende, cuándo revisarán el caso.
Hasta ahora, lo aducido por los opositores suena más a excusa que a argumento; más a miopía que a visión; más a gremio que a Poder de la República. Y esto sucede en un momento crítico para la seguridad nacional, cuando más necesitamos un Poder Judicial eficaz, responsable y legítimo.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).