En una reciente sesión de Corte Plena, al menos un magistrado sugirió que la Asamblea Legislativa no apruebe la jurisdicción especial sobre crimen organizado. Su argumento, informa La Nación, es que no hay dinero para aplicarla. Igual ocurre con la reforma al Código Procesal Penal y la Ley de Bienestar Animal.
La inquietud tiene base: esas iniciativas demandan sustanciales recursos, que no fueron asignados, y como las dos últimas son ley, mejor frenar la otra. Pero la idea también padece de un craso error conceptual: considerar al Poder Judicial como una institución rígida, conformada por inmutables capas geológicas, no sistemas dinámicos, e incapaz de ajustar su quehacer y asignaciones a las mutantes necesidades del país; entre ellas, combatir mejor el crimen organizado.
Durante la discusión, la magistrada Nancy Hernández, de la Sala Constitucional, planteó otra visión. No ocultó que también querría recursos adicionales para las nuevas tareas. Sin embargo, como los fondos siempre serán escasos, destacó la necesidad de rediseñar los servicios de acceso a la justicia, “hacer un análisis por jurisdicción de qué plazas podemos reconvertir” y transferirlas a los ámbitos que más las necesitan. Es decir, que la institución intente adaptarse a la realidad, no a la inversa.
Como la inmutabilidad geológica afecta tantos ámbitos del Estado, la reflexión de la magistrada debería guiar a otras instituciones. Por su capacidad, autonomía y efecto demostrativo, entre ellas deberían estar las universidades públicas.
El Estado, en buena hora, las financia con relativa holgura. Sin embargo, el sistema para distribuir los fondos, lejos de fomentar el dinamismo y la competencia institucional en eficacia, eficiencia, innovación y pertinencia, estimula el inmovilismo. Quizá sin darse cuenta, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) se comporta como si fuera un cartel que recibe ingresos y los reparte mediante arreglos internos, en porcentajes rígidos y sin suficiente atención a las cambiantes necesidades extramuros. Así, el statu quo se impone sobre el constante análisis de prioridades.
Las fórmulas rígidas para financiar instituciones y programas paralizan y distorsionan. La Corte y las universidades deberían estar en la punta del cambio.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).