La develación reciente del que parece ser otro de los fraudes con compras públicas que periódicamente salen a la luz pública no es más que una parte aislada del presunto trasiego de influencias y favores que constantemente se lleva a cabo en esta actividad.
En obras públicas los montos adjudicados han sido históricamente los de mayor cuantía, pero las concesiones y las compras de programas informáticos son de similar relevancia. En su conjunto, el Estado y sus instituciones son los mayores compradores de bienes, obras y servicios del mercado.
En un país con una más que deficiente rendición de cuentas y controles hacendarios inefectivos, en donde cada grupo que puede ejercer presión para beneficiar sus propios intereses lo hace sin ningún pudor, en vista de la inclinación obsecuente de todos los órganos y poderes, el que por unos días se centre la atención en un escándalo más podría enviar el mensaje incorrecto de que se está haciendo algo para evitar que esas situaciones se repitan. En realidad, no es así.
Durante décadas, políticos y mal llamados empresarios han succionado hasta la médula las arcas públicas, dejando como rastro obras nunca concluidas o con serias deficiencias, con costos finales múltiples veces superiores a lo previsto, servicios nunca brindados o con resultado nulo para el fin que se contrataron, suministros caducos o inservibles, programas de cómputo que nunca cumplen las expectativas que se anunciaron, todos con un denominador común, adquiridos con sobreprecios escandalosos respecto de los costos de mercado. Independientemente de los pormenores del escándalo de turno, lo que queda en evidencia es el completo fracaso de los mecanismos de control político y hacendario.
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Vigilancia ineficiente. Si existe una corrupción sistémica en las compras públicas, la primera pregunta que debería estar planteándose es qué ha estado haciendo la Contraloría General, órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control hacendario. ¿Qué han estado haciendo los diputados a cargo del control político y responsables directos de las asignaciones presupuestarias?
Sin ir muy lejos, el mes pasado, los diputados, por propuesta de su órgano auxiliar, al derogar la Ley de Contratación Administrativa, eliminaron el principio del riesgo del contratista (artículo 60), según el cual las obras se realizan por cuenta y riesgo de la empresa a cargo de la construcción. No solo no se incluyó en la nueva ley una norma similar, sino que, más grave aún, elevaron a rango de principio fundamental el reajuste de precios.
Cabe mencionar que los reajustes de precios en obra pública han sido el origen de una de las mayores fuentes de corrupción y causa directa de los incrementos de costos.
Fue mediante las leyes 5501 y 5518, del 7 de mayo de 1974, que se introdujo ese mecanismo generador de múltiples tropelías. Los abusos con el modelo de reajustes motivaron que cuando la Comisión de Asuntos Jurídicos asumió en 1994 la tarea de promulgar una ley de contratación administrativa, cuya redacción estuvo bajo mi dirección, además de introducir una ley regida por los principios de libre competencia, igualdad y publicidad, se incluyó la derogatoria de esas oprobiosas leyes y se introdujo el principio del riesgo a cargo del contratista.
A pesar de esto, durante 25 años, ni el Poder Ejecutivo ni el órgano auxiliar legislativo hicieron efectiva esa reforma y hasta la fecha se ha actuado como si no hubiera habido derogación de las leyes que crearon esa figura ni se hubiera establecido que la regla era el riesgo del constructor.
El modelo que ahora los diputados elevaron a rango de principio fundamental estimula el atraso en la conclusión de las obras ya que para los adjudicatarios resulta mucho más rentable que haya demoras prolongadas que concluir a tiempo.
A esto se suma un contexto plagado de proyectos mal diseñados, modificaciones constantes de las especificaciones, inicio de obras sin haber concluido los procedimientos de expropiaciones, todo lo cual aumenta adicionalmente los costos en sumas exorbitantes.
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Zonas grises y negras. La centralización de las compras en un sistema defectuoso hasta la médula, como el que opera en la actualidad, que repetidamente se publicita como la gran solución a la corrupción y despilfarro en las compras públicas, no ha hecho más que elevar los costos de transacción e introducir serias lagunas en la libre competencia y, peor aún, en la transparencia.
La nueva ley no aporta avance alguno para contribuir a eliminar las múltiples zonas grises, y algunas veces muy negras, que gravitan sobre esta esencial actividad pública, y se mantiene anclada en esquemas de adquisición del siglo pasado y que reclaman cambios creativos para favorecer la mejor satisfacción del interés público.
Para colmo de males, la nueva ley en lugar de eliminar los monopolios en suministros, como el del CNP, que debió haberse tenido como tácitamente derogado en virtud del principio de libre competencia, agravará el problema de los intermediarios con privilegios, al introducir la figura de trato preferente a las organizaciones de economía social, de clara inspiración en modelos suramericanos muy desprestigiados, que sin duda alguna promoverá esquemas más ineficientes y costosos.
El control político debe rediseñarse por completo, creando comisiones permanentes que cubran todas las actividades públicas, clasificadas por áreas afines, con competencias de control político y presupuestario específicas, de modo que se genere una profesionalización del control que no esté sujeto a los vaivenes que producen los escándalos del día, y que no requieran el nombramiento de comisiones especiales al calor de los intereses políticos del momento.
Estas comisiones rendirían informes con efectos inmediatos que no requerirían ser aprobados por el plenario y además dictaminarían los presupuestos de todas las instituciones que posteriormente serán aprobados por el órgano auxiliar. La reforma al reglamento legislativo que desarrolle esta propuesta deberá diseñar mecanismos ágiles de rendición de cuentas y potenciar la colaboración del órgano auxiliar para maximizar los resultados del control político.
En cuanto al control hacendario a cargo del órgano auxiliar, la tarea de reingeniería debe ser completa, en vista de la total indolencia ante los múltiples desmanes con los recursos públicos, que de facto lo han hecho copartícipe en el asalto a los recursos públicos, por omisión grave y pérdida de los objetivos que está llamado a cumplir.
Sin duda alguna, el órgano auxiliar le ha fallado estrepitosamente al país en el cumplimiento de su fin esencial que es resguardar la Hacienda pública.
El autor es abogado.