Después del esquema de minidevaluaciones, el país decidió adoptar una política monetaria conocida como metas de inflación, acompañada de un esquema cambiario de flotación “sucia”, es decir, un sistema en el cual se permitía la variación del tipo de cambio acorde con las condiciones del mercado, pero con intervenciones esporádicas del Banco Central, comprando o vendiendo divisas, para evitar fluctuaciones cambiarias violentas.
Si bien las metas de inflación raramente se alcanzaron, los precios se mantuvieron bajo control, aunque fuera del rango establecido, y el tipo de cambio se mantuvo dentro de márgenes consonantes con el comportamiento de la economía, especialmente del sector externo.
Aunque la autoridad monetaria sigue sosteniendo la vigencia de este esquema en la actualidad, la evidencia empírica dice lo contrario. El tipo de cambio parece haber dejado de ser un resultado de la política monetaria y, más bien, da la impresión de haberse convertido en un instrumento para alcanzar otros objetivos económicos: el equilibrio fiscal, la disminución de los coeficientes de deuda y el control de la inflación.
Contrario a la euforia que cunde en los ámbitos oficiales por la caída en el dólar, los valores actuales de esta variable son sumamente preocupantes, pues no solo están causando la pérdida de competitividad externa de la economía —balanza comercial, turismo, inversión externa directa—, sino también dañando seriamente la estructura del aparato productivo interno, con graves consecuencias en el empleo, la producción y la distribución del ingreso. Los productores locales se están asfixiando.
En realidad, con la fuerte revaluación cambiaria, los bienes de capital, en su mayor parte importados, se han abaratado con relación a los insumos internos, principalmente mano de obra.
Las empresas, en estos casos, tienden a sustituir mano de obra por capital, lo cual permite producir lo mismo, o más, con menos trabajadores, pero es consecuencia del abaratamiento indebido de la maquinaria y el equipo. En condiciones normales, esto sería positivo, pero no si proviene de una situación a todas luces artificial.
Probablemente se está dando una sustitución de insumos locales por importados y, lo más preocupante, un traslado de etapas intensivas en mano de obra hacia otros países, sumado a la importación de productos más elaborados. Si bien las exportaciones siguen creciendo, su valor agregado interno disminuye.
Mal negocio
Últimamente, a consecuencia probablemente de ese cambio brusco en el costo relativo de los factores, se ha producido un fenómeno pocas veces visto en nuestra economía: la destrucción de empleos.
En los dos últimos años, se perdieron 136.521 empleos, según las cifras del INEC, algo verdaderamente preocupante. Y aunque la producción ha continuado creciendo, lo cual puede interpretarse como un aumento en la productividad de la mano de obra, el análisis no es tan simple. No se trata de decir “mala suerte para los perdedores” y listo.
No es tan cierto que sea un problema derivado de nuestro éxito económico. Las exportaciones sí, siguen creciendo, pero reflejan el resultado del rezago de lo ocurrido hace varios años. El turismo sigue aumentando, pero el encarecimiento de los bienes del sector pronto empezará a hacer mella en la tasa de crecimiento, amén de la inseguridad.
La prospección de los inversionistas externos ya empieza a poner en entredicho la rentabilidad de instalarse en el país. El nearshoring no da para instalarse en Costa Rica a cualquier costo.
La verdadera razón de la sobreabundancia de dólares en los mercados se debió, entre otras razones, al irracional endeudamiento externo del gobierno, especialmente para apoyo presupuestario. Hasta hace pocos años, esta práctica era mal vista por los organismos internacionales.
El gobierno empezó a propagar la especie de endeudarse en el exterior, pues era más barato que hacerlo en el mercado interno. Esto evolucionó a la falacia de endeudarse externamente, pero para sustituir deuda cara por deuda barata. Con este argumento se embaucó a los diputados que, de un solo golpe, autorizaron la colocación de eurobonos hasta por $6.000 millones.
Como el tiempo lo demostró, los ingresos de divisas por otras razones serían muy superiores a las necesidades de moneda extranjera, y traer recursos caros de deuda fue insensato. La totalidad de los dólares captados por el gobierno, cercanos a $5.000 millones, han ido a parar a las reservas del Banco Central.
Mientras el gobierno paga cerca del 8 % anual de intereses en el exterior, las reservas ganan un monto casi simbólico (mucho menos del 1 %). Mal negocio para el país como un todo. Pero además, el BCCR debe esterilizar los recursos emitidos mediante bonos de estabilización monetaria (BEM) y con otras operaciones en el mercado integrado de liquidez (MIL), lo cual resulta excesivamente caro.
Sufrimiento para los de menos recursos
Solo en el 2023, el saldo de los BEM pasó de $1.900 millones a $3.500 millones y las captaciones en MIL de $1.100 millones a $1.850 millones. En total, las captaciones del BCCR, con fines de esterilización, llegaron, a final de año, a casi $6.500 millones, por los cuales tiene que pagar elevadas tasas de interés. ¿Qué sentido tenía traer esa enorme cantidad de divisas?
El problema empeoró por el manejo de las tasas de interés internas, las cuales se mantuvieron en valores excesivamente elevados. El Banco fue reacio a bajarlas, pues presumía una salida de divisas, especialmente de aquellas de orden especulativo, traídas al país tanto por los altos rendimientos como por las apuestas de una continuada devaluación. El Banco temía causar una devaluación y, con ello, revertir la deflación, resultados aparentemente indeseados por el Banco Central.
Si el objetivo de la actual política cambiaria es sostener el nivel de precios, es perverso. Bajar la inflación mediante una revaluación, en una economía con tantas inflexibilidades, causa muchos problemas y hasta injusticias.
Basta con analizar el índice de precios al consumidor para verificar cómo los consumidores de más bajos recursos son quienes más sufren, pues los bienes incluidos en la canasta básica continúan creciendo, mientras el mayor ajuste se da en los bienes importados, los cuales, además, perjudican enormemente a los productores locales que son incapaces de competir con las productos foráneos.
Servicios como la electricidad, el agua y el transporte público han tenido aumentos desmedidos y se adelantan preocupantes alzas este año.
La protesta manifestada por los principales sectores de la exportación y el turismo es totalmente justificada. Pretender mantener un tipo de cambio irreal, sostenido mediante endeudamiento, no tiene sentido.
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El autor es economista y fue regular general de la República.