Aristóteles desarrolló el concepto de demagogia para referirse a la decadencia y corrupción de la democracia. El término cayó en desuso, por lo que al fenómeno le llaman modernamente «populismo», pero, para efectos prácticos, es lo mismo.
La demagogia o populismo es mucho más que la enfermedad de un determinado credo político, pues, como sutil herramienta estratégica, es indiferente a la ideología de quien la utilice.
Es una sociopatía política ideológicamente neutra, que puede abarcar a personajes de cualquier espectro del mosaico doctrinario. Podría resumir la retórica populista en cuatro características básicas: cambia sus posiciones con facilidad y en razón exclusiva de objetivos inmediatos, pero no me refiero a la reflexiva reversión de criterios, a la que todo estadista sensato recurre, sino a la actitud cínica que tiene el objetivo de acomodarse a los vaivenes del capricho popular, al mejor estilo de la cita del comediante Groucho Marx: «Estos son mis principios, pero si no le gustan, ¡tengo otros!».
La segunda característica es la sistematización, desde el poder, de un discurso implacable y altamente ofensivo contra todo aquello que estorbe su camino. Es una diatriba que azuza las disensiones y disconformidades que yacen en el subsuelo psíquico de los sectores marginales, por ejemplo, el nazismo explotó la fórmula a costa de las minorías étnicas.
Un tercer elemento es que, al tener vocación autoritaria, la retórica populista utiliza el ataque y desprestigio de las instituciones democráticas. Si estas entran en crisis, como sucede aquí hoy, lejos de promover un discurso responsable de reforma y corrección, el demagogo incita invectivas agresivas contra los poderes que resguardan el equilibrio social. Rompe la armonía cívica, pues es un oportunista que pesca en río revuelto.
Y cuarto, la soflama de la sociopatía demagógica siempre es grandilocuente. Como el populista finge ser mesías, necesita apelar a un futuro mesiánico y refundacional; en sus peroratas, usualmente, emplea conceptos como «reconstrucción nacional», «revolución», «nueva constitución», «refundación del país» y todo género de altisonancias de esa ralea.
La garantía del sistema constitucional democrático radica en la solidez de sus instituciones, que, a la vez, son fruto de la cultura. Cuando sobreviene la decadencia de la cultura nacional, las instituciones se debilitan, lo que origina la crisis inmediata de la democracia y, a partir de ella, la muerte del Estado de derecho. En síntesis: la democracia son sus instituciones, y la corrupción de estas, la demagogia, puerta del despotismo y la violencia política.
En esencia, ¿cuáles son las instituciones fundamentales de un sistema constitucional democrático? Podemos resumirlas en lo que son las ocho independencias esenciales del sistema republicano.
La primera, y más básica de ellas, es la independencia y majestad de la justicia. En una ocasión, le preguntaron a José Figueres Ferrer cuál había sido el principal motivo de su insurrección armada, a lo que sin titubeos contestó: «Cuando la corrupción llega a los jueces, no hay otro camino que el de las armas».
La segunda es la independencia y separación de poderes. Si bien uno de los síntomas de la demagogia es el abuso del poder parlamentario, en sentido contrario, una señal unívoca de tiranía es la del parlamento subordinado al poder total del gobernante.
No puede existir legitimidad democrática si no hay independencia, separación, frenos y contrapesos entre los poderes estatales, parafraseando la vieja receta ilustrada del barón de Montesquieu.
La tercera es la de la prensa: allí donde los medios de comunicación carecen de libertad para valorar, averiguar e investigar —con el ulterior objetivo de publicar y denunciar lo descubierto— se torna imposible auditar moralmente al poder y ponerle límites éticos.
La cuarta independencia es la del poder electoral. Si existe una vía rápida para avasallar a una república, es convertir al tribunal electoral en apéndice del déspota de turno. En la historia reciente, el paroxismo de tal aberración sucedió el 5 de mayo en Venezuela, al elegir presidente del Consejo Nacional Electoral nada más y nada menos que al mismo ministro de Educación del régimen de Maduro, Pedro Calzadilla, quien, además, fue ministro de Cultura de Hugo Chávez.
La quinta independencia cardinal para los sistemas democráticos constitucionales es la de las instituciones fiscalizadoras de la Hacienda pública. Una de las aberraciones de lo que, en su momento se denominó el «presidencialismo imperial mexicano», fue el hecho de que los contralores responsables del erario eran meros lugartenientes de los presidentes imperiales.
Dicha mala práctica político-administrativa sucedió a partir de la consolidación definitiva de la Revolución mexicana, durante el gobierno de Lázaro «el Tata» Cárdenas, y hasta el gobierno de Ernesto Zedillo, el último de los omnipotentes jerarcas presidenciales que caracterizaron al México del siglo XX.
La sexta institución fundamental de un adecuado régimen constitucional democrático es un parlamento integrado por representantes que ostenten un elevado nivel cultural. De la lectura del libro de Edward Gibbon, acerca de la decadencia y ruina del Imperio romano, se colige que uno de los principales síntomas de aquella decadencia fueron las circunstancias en las que el otrora prestigioso Senado romano era tomado por representantes pésimos, por ejemplo, el historiador Juan Bautista Carrasco refiere la situación de descomposición del Senado romano cuando el cruel emperador Cayo Augusto Germánico, mejor conocido por su sobrenombre Calígula, en un afán de humillar la mediocridad y servilismo de sus senadores, intentó nombrar cónsul a su caballo Incitatus, de tal forma que la bestia habría ocupado un escaño.
La ultrafragmentación del poder político es otra manifestación de la demagogia. ¿Qué es un Estado fallido?, esencialmente, donde no es posible ejercer la autoridad. Es un Estado insular, donde el poder está peligrosamente atomizado.
En los Estados insulares el poder se fracciona en pequeños archipiélagos, o feudos autónomos, de tal forma que cada parte se anula recíprocamente hasta perder toda eficacia, lo cual inmoviliza la toma de decisiones como resultado de un exagerado desmembramiento político por la vía de una «democracia de cuotas».
Así pues, en momentos en que nos anuncian una poco seria papeleta presidencial de 27 candidatos, advertidos estamos.
El autor es abogado constitucionalista.