Para nadie es un secreto que la actividad política electoral conlleva una serie de gastos que, por determinación de la ley, los medios y la forma cómo se sufraguen deben ser sometidos a la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Hay contribuciones estatales y aportaciones privadas, pero son estas últimas las que deben ser objeto de esa fiscalización.
En el Código Electoral se establecen las formalidades que los partidos políticos deben cumplir para su financiación, y constan claramente las acciones prohibidas y las sanciones en caso de que se incurriera en ellas.
Esta necesidad de control no es casual. Surgió debido al latente riesgo de que se utilicen las estructuras partidarias para el lavado de activos o la legitimación de capitales de origen ilícito.
Es necesario conocer los pormenores del financiamiento económico de los partidos políticos y de sus candidatos, con el fin de impedir tal injerencia hasta donde sea posible o detectarla.
Es fundamental para la sanidad de una democracia que no se utilice a los partidos políticos, ni las campañas electorales, como puentes —y caldo de cultivo— para una podredumbre sin límites.
Estrictos controles
Es indispensable conocer el origen de las contribuciones privadas para determinar su licitud y, además, a las personas que las realizan para saber si tienen la suficiente solvencia para aportar esos flujos de dinero.
Se quiere desdeñar en la actividad política el uso de testaferros sin ninguna capacidad dineraria para llevar a cabo donativos, y así ocultar a las autoridades electorales a los verdaderos donantes, ya que podría tratarse de personas cuestionadas o ligadas a actividades fraudulentas, que buscan el anonimato para no ser sorprendidas lavando sus capitales sucios en plena campaña electoral.
Asimismo, están prohibidas las aportaciones privadas por medio de personas físicas o jurídicas extranjeras con el objeto de evitar que se infiltren dineros del exterior en una contienda electoral que debe ser propia de los costarricenses; además, podrían existir diversos intereses de personas, empresas y agrupaciones políticas internacionales para inmiscuirse en la política de nuestro país y procurarse favores indebidos.
Con los controles se pretende impedir y detectar que la delincuencia de todo tipo y el crimen organizado nacional y transnacional saquen provecho de una campaña electoral para legitimar o lavar dinero originado de sus actividades ilícitas sirviéndose de partidos, ya que, indudablemente, luego van a cobrar esas donaciones con favores, como la concesión de licitaciones, o beneficiarse judicialmente, por ejemplo, con la impunidad para los corruptos, porque —como dice el adagio popular— “no hay almuerzo gratis”.
Estructuras paralelas
Lamentablemente, algunos partidos políticos y sus dirigentes caen en la tentación de soslayar la fiscalización y, conscientemente, hacen caso omiso de las prerrogativas legales que procuran un financiamiento transparente con el propósito de sufragar los diversos gastos de la campaña electoral, y se empeñan en diseñar estructuras financieras paralelas para el ocultamiento de las contribuciones económicas sospechosas u objeto de cuestionamientos.
Este proceder no solo es ilegal, sino que coloca en desventaja a quienes sí cumplen con la ley sin recurrir a artimañas.
Las estructuras ilegales reciben dinero o contribuciones privadas por medio de cuentas bancarias, fideicomisos, efectivo o donaciones en especie que no son reportadas al TSE para evitar que sean detectadas, configurándose así en posibles delitos electorales que, en vista de la clara rebeldía y del intencional desacato de la ley, son sancionados con fuertes penas de prisión.
El dinero proveniente de actividades ilícitas, como narcotráfico, evasión fiscal, estafas y otras siempre apetecerá a los partidos políticos para canalizar los recursos; y, ahora más que nunca, dado el crecimiento acelerado del crimen organizado, se tornan indispensables los controles del TSE para salvaguardar las entrañas democráticas de un país que cada vez está en mayor riesgo de llegar a ser controlado de forma absoluta por la delincuencia.
De no ser estrictos y rigurosos en la aplicación de la ley, se vislumbra un desfavorable horizonte, sin posibilidad de retorno, que terminaría por derrumbarnos en un barranco.
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El autor es abogado penalista.