Costa Rica está obligada a cambiar de vocabulario para promover la inversión extranjera. El discurso tradicional que exhibe al país como el "paraíso" de la paz, la democracia y la estabilidad quedó anulado tras los escándalos con Millicom y con estadounidenses expropiados.
Estos conflictos crearon un estigma muy difícil de borrar. Costará muchísmos millones de dólares ganar una buena imagen. Solo una inteligente campaña de mercadeo podrá sacar a la nación de la lista negra en que se inscribió por acciones de políticos locales ineptos que atentaron contra la Constitución Política.
Y es que el inversionista ya no pone como requisito para invertir el que exista democracia, paz y estabilidad.
Un alto funcionario de una transnacional de telefonía celular afirmó la semana pasada en Nueva York, en una conferencia del Council of Foreign Relations, que al planear sus inversiones en algún país no resulta relevante la presencia allí de una dictadura o una guerrilla. Lo único que sopesan es la existencia de estabilidad legal.
Para ellos, esto implica la garantía de que no perderán de la noche a la mañana sus bienes, como les sucedió precisamente en Costa Rica a los inversionistas de Millicom y a los estadounidenses expropiados.
Para tener conciencia de la gravedad de los casos, basta imaginar cuál fue el mensaje que llegó al mundo con las noticias que se divulgaron desde San José. Fue precisamente este: "En Costa Rica no se respeta la propiedad de extranjeros". Por más argumentos que se den, esa es la marca que caló en la mente de los posibles inversionistas.
Así, el país reúne todos los requisitos, pero para ser descartado como "paraíso" de inversiones.