La rendición de cuentas por delitos que atentan contra la integridad electoral en Estados Unidos parece abrirse camino en Georgia mediante una acusación penal contra el expresidente y actual precandidato presidencial, Donald Trump, y 18 personas más, por conspiración para interferir en las elecciones del 2020 en este estado.
El caso, construido a la luz de una innovadora ley, utilizada para procesar delitos del crimen organizado, ofrece la oportunidad de dar cohesión a un conjunto de hechos, anteriormente vistos como aislados, que pusieron en riesgo la legitimidad del proceso electoral.
Trump se entregó a las autoridades judiciales el jueves en el condado de Fulton, por cargos relacionados con el supuesto liderazgo de una “empresa criminal” destinada a conspirar para revertir los resultados de la elección del 2020 en ese estado con el propósito de reelegirse presidente.
“Yo solo quiero encontrar 11.780 votos”, dijo Trump en una llamada realizada al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, encargado de la administración de los comicios locales, tras haberse hecho tres recuentos que confirmaban la victoria de Joe Biden.
El registro de esa llamada se convertiría en evidencia clave de uno de los crímenes relacionados con los intentos por alterar los resultados de esa elección.
Georgia, estado que durante muchos años contribuyó al triunfo del Partido Republicano, se transformó en los últimos procesos electorales en uno de los territorios disputados por republicanos y demócratas, entrando con ello a la categoría de estado péndulo, al lado de, entre otros, Wisconsin, Arizona, Michigan y Pensilvania.
En la última elección presidencial, el Partido Demócrata triunfó en Georgia por menos de 12.000 votos. Esa derrota fue precisamente la que condujo a Trump a presionar a Raffensperger para encontrar los votos necesarios para convertirse en triunfador.
Georgia vs. Donald Trump y otros
La acusación penal en Georgia es solo una de cuatro que se acumulan en la ocupada agenda de deberes de Trump con la justicia. El expresidente enfrenta también cargos en Florida por posesión ilegal de documentos confidenciales, obstrucción de la justicia y retención deliberada de información de defensa nacional; en Washington D. C., por conspiración para revertir los resultados de la elección del 2020 y otros cargos que culminaron en el asalto del 6 de enero del 2021 al Capitolio, en el marco de una acusación federal presentada por el fiscal especial Jack Smith; y por último, una acusación en Nueva York por supuesto encubrimiento de pagos a una actriz porno durante su campaña electoral del 2016.
Con esto, Trump es el primer candidato que compite por la presidencia, inmerso en múltiples acusaciones que se traducen en 91 cargos interpuestos por diversos jurados en cuatro estados.
Sin menospreciar la importancia de los últimos tres cargos mencionados y los obstáculos que ellos representan para la viabilidad política de Trump, el caso en Georgia tiene el potencial de poner en mayor riesgo no solo su carrera política, sino también su libertad.
Pero dejando a un lado las implicaciones para el expresidente Trump, el caso Estado de Georgia vs. Donald Trump (y colaboradores) contiene elementos contribuyentes a la comprensión integral de los esfuerzos por interferir en las elecciones del 2020.
Podría marcar la historia de la democracia procedimental de este país y abrir una oportunidad para que las instituciones a cargo de la rendición de cuentas hagan valer las reglas del juego democrático-electoral y garanticen su prevalencia y continuidad tras los deplorables intentos por alterar los resultados de la mencionada elección.
La ciudadanía estadounidense merece un precedente que asegure la protección del derecho al voto como fuente de legitimidad de sus gobiernos.
Ley RICO
En primer lugar, el caso es presentado desde una perspectiva innovadora, que toma como recurso la Ley RICO (siglas en inglés de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), aprobada para procesar organizaciones criminales y nunca antes empleada para delitos electorales.
Al estar enfocada en acciones colectivas organizadas con un propósito ilegal común (dentro y fuera del estado), permite conocer en su verdadera dimensión el esquema detallado de actores y acciones ilegales posiblemente realizadas en contra de la integridad de la pasada elección presidencial, en lugar de un conjunto de hechos aparentemente aislados.
La investigación contra Trump y 18 imputados más en Georgia está en manos de la fiscala del condado de Fulton, Fanny Willis. Comenzó hace más de dos años y culminó el 14 de agosto con la presentación de cargos por un gran jurado que revisó la evidencia y escuchó a alrededor de 75 testigos.
Múltiples colaboradores cercanos al expresidente, como su jefe de gabinete, Mark Meadows, y su abogado personal, el exalcalde de Nueva York Rudi Giuliani, además de funcionarios federales y locales se encuentran entre los imputados.
Si bien la Ley RICO tiene su precedente en una ley federal enfocada en actividades criminales como conspiración, lavado de dinero, soborno, tráfico de drogas y otros delitos graves, RICO de Georgia incluye un marco más amplio de delitos cometidos por empresas criminales, que incluyen, por ejemplo, la falsedad y otros que calzan con varias de las acciones atribuidas a Trump y sus operadores políticos para alterar la elección.
La Ley RICO es utilizada activamente en Georgia principalmente contra pandillas, funcionarios de escuelas e incluso famosos raperos. Para la fiscala Willis, la Ley RICO de Georgia es “un instrumento que permite a los fiscales y a los encargados de hacer cumplir la ley contar toda la historia”.
La acusación de 98 páginas y 161 alegatos presenta 41 cargos —13 de ellos contra Donald Trump— por formar parte de lo que se describe como una iniciativa criminal y asociación delictiva que habría ejecutado una “amplia conspiración dirigida a revocar los resultados de la elección del 2020 en Georgia”.
Dicha acusación presenta los aparentes actos de Trump y su equipo como “una iniciativa cuyos miembros y asociados funcionaron como una unidad con un propósito común”.
Larga lista
La acusación incluye cargos por declaraciones falsas y entrega de documentos falsos, personificación de funcionarios, robo de equipo de cómputo e intentos por influir en testigos. Con ello, se refieren no solo a la llamada de Trump y sus colaboradores a Raffensperger para solicitar votos, sino también a la ejecución de un plan para designar electores falsos que pudieran volcar el resultado a favor de Trump (tres imputados en esta categoría aseguran que actuaron bajo las direcciones de Trump), la falsificación de documentos con firmas de electores falsos, las acusaciones falsas y acoso contra las miembros de mesa Ruby Freeman y Shaye Moss en el condado de Fulton, el robo del equipo de cómputo en el condado de Coffee y varios cargos más.
Además, aunque la acusación se enfoca en Georgia, el abordaje a través de la Ley RICO de este estado permite incluir acciones vinculadas dentro y fuera de su territorio. La acusación señala que la empresa también operó en estados como Arizona, Michigan, Nevada, Pensilvania, Wisconsin y Washington D. C.
Entre las acciones se identifican presiones a las legislaturas estatales en Pensilvania, Michigan y Arizona para no certificar los resultados y los esfuerzos por organizar grupos de electores falsos en Wisconsin, Arizona y otros estados, ambos hechos presuntamente liderados por los abogados personales de Trump.
La posibilidad de establecer vínculos que van más allá del estado es otro de los aspectos que brindan fortaleza a este caso, al tratarse de conspiraciones que trascendieron múltiples fronteras internas, lo cual podría servir incluso de evidencia para el caso federal liderado por el fiscal especial Jack Smith. Un gran jurado también imputa cargos contra Trump por intento de revertir las elecciones a escala nacional.
Otro elemento en el caso de Georgia, y a diferencia de los federales, es que este dificulta las posibilidades de indulto (o autoindulto) para el expresidente y sus colaboradores —de ser hallados culpables— por tratarse de cargos presentados por un estado, que no podrían ser perdonados por un futuro presidente ni por el gobernador.
La única posibilidad sería a través de una junta que emita indultos, pero solo pueden presentarse solicitudes cinco años después de la sentencia.
No obstante, a pesar de la novedad y las opciones en el caso de Georgia —y la aplicación de la Ley RICO—, este enfrenta considerables desafíos. El primero es que el procesamiento de los implicados se vuelve complejo, ya que, como señaló la fiscala Willis, la intención es procesar a los 19 al mismo tiempo. El juicio ya fue fijado para el 23 de octubre; sin embargo, ello requiere una labor legal y logística significativa antes y durante el juicio.
En segundo lugar, varios de los imputados se están moviendo para que el proceso se lleve a cabo a nivel federal, con el objetivo de aumentar las probabilidades de perdón o desestimación, una complicación para el procesamiento colectivo. Por último, la acusación en Georgia provocó el enojo de los republicanos en el Congreso, quienes ya comenzaron una investigación contra Willis, a quien le atribuyen motivaciones políticas en su actuar.
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La autora es politóloga.