Hay una clara mejora en los resultados y en la solvencia y liquidez del Gobierno Central. Los mercados financieros local y extranjeros así lo reconocen, y las calificadoras de riesgo, también.
El mejoramiento de las finanzas públicas está íntimamente vinculado a la entrada en vigor de la Ley 9635 y a las condiciones para el financiamiento de las necesidades de la Administración.
Esta última, a su vez, está estrechamente relacionada con la ley de eurobonos, la ley de apertura del mercado de deuda interna y a la perspectiva de riesgo internacional.
El ajuste fiscal se ha hecho por dos vías, principalmente. La primera, a través de un control del crecimiento del gasto, principalmente corriente, y, la segunda, mediante un aumento de la recaudación tributaria, al haberse ampliado la sujeción del impuesto sobre el valor agregado a los servicios.
Entre el 2018 y el 2023, los gastos totales disminuyeron en poco menos del 1 % del PIB (del 19,4 al 18,5 %, respectivamente) mientras que los ingresos totales aumentaron en un 1,5 % del PIB (del 13,8 al 15,3 % del PIB, respectivamente).
La relación entre la deuda y el PIB empezó a bajar en el 2022. La relación se situó en un monto equivalente al 61 % del PIB en el 2023.
Estimo probable que se ubique por debajo del 60 % al final de este año. Claro que la apreciación del tipo de cambio del último año y medio ha sido parte de esta ecuación. Y también que todavía están pendientes de resolución los adeudos del Gobierno Central a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Problema aún no resuelto
Dicho todo lo anterior, las finanzas del Gobierno Central continúan siendo deficitarias, aunque el déficit haya disminuido significativamente.
El año pasado, el déficit financiero ascendió al 3,3 % del PIB, mayor que en igual período del 2022 (el 2,5 % del PIB). En el 2018, alcanzó un 6 %.
El futuro de las finanzas públicas sigue y seguirá descansando, principalmente, en el cumplimiento de la regla fiscal. Según la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la regla es la única herramienta de anclaje de las políticas fiscales en Costa Rica.
El margen que tiene el Gobierno Central para aumentar sus gastos, sin incumplir la regla fiscal, es limitado, de acuerdo con el pronóstico actual.
Un crecimiento económico como el previsto y un déficit bajo en el 2024 podían abrirle cierto espacio al Ministerio de Hacienda para flexibilizar algunos rubros del gasto social y la inversión en infraestructura en el presupuesto ordinario que se presente al Congreso a finales del 2025.
Priorización del gasto
Antes de apresurarnos a abrir la billetera e incrementar aún más el endeudamiento público, me parece que debemos hacer por lo menos dos cosas.
Uno, evaluar el gasto y la inversión que ya realizamos, y determinar si con los recursos disponibles es posible obtener resultados mucho mejores mediante fórmulas distintas de efectuar las cosas.
Pienso por un momento en el gasto público en educación, ámbito en el cual obtenemos resultados insatisfactorios en el aprendizaje, según métricas internacionales como las pruebas PISA.
Dos, estimo que debemos estar abiertos a la posibilidad de reasignar recursos públicos desde rubros de nula o baja prioridad y rentabilidad social hasta rubros de alta prioridad y rentabilidad social.
Me refiero a gasto operativo, programas enteros e incluso activos invertidos en empresas públicas. ¿Redirigirlos hacia dónde? Hacia rubros ojalá con mediciones de alta prioridad y rentabilidad social, como por ejemplo becas para niños en condición de pobreza o pobreza extrema que cumplan con los criterios de pobreza oficialmente establecidos, o al fortalecimiento de las redes de cuidado infantil, que permitan aumentar la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo.
Es proceder igual que cualquier familia que va al supermercado y primero echa en el carrito todo lo que desea y luego, al llegar a la caja, selecciona únicamente aquello que es prioritario o más urgente, de conformidad con los colones de que dispone.
En esta tarea de priorización del gasto público, deberíamos aprovechar el trabajo del Ministerio de Planificación Nacional (Mideplán) en la evaluación de programas y proyectos en el Gobierno Central y la labor de la Contraloría General de la República en sus ejercicios de ejecución presupuestaria sobre aquellas instituciones públicas cuya aprobación y evaluación de planes de gasto están a su cargo.
francomejiaalberto@gmail.com
El autor es economista.