Históricamente se le ha atribuido a la reina María Antonieta una célebre frase. cuando le dijeron que los campesinos franceses se quejaban porque no tenían pan para comer, se dice que ella respondió: «Si no tienen pan, entonces, que coman pasteles». Nunca se ha comprobado si efectivamente ella lo dijo, lo que sí es un hecho histórico es que su desconexión con la realidad que vivía el pueblo desembocó en una crisis de grandes dimensiones.
En medio de la emergencia nacional por la covid-19, al sistema penitenciario costarricense le han dicho que, entonces, coma pasteles.
La Dirección General de Adaptación Social (DGAS) está en jaque: Lineamientos sobre el aislamiento y la prevención de la covid-19 en los penales. Órdenes de cierre de centros impuestas por Juzgados de Ejecución de la Pena. Órdenes de la Sala Constitucional de recibir a las personas provenientes de las celdas judiciales en un plazo no mayor a 48 horas. Órdenes sanitarias por casos positivos de covid-19 en los centros penitenciarios que impiden temporalmente los nuevos ingresos. Espacios de aislamiento saturados. Y por último, medidas cautelares emanadas por los Juzgados de Ejecución de la Pena que ordenan detener las acciones de habilitación de nuevos espacios para aislamiento, o incluso, reversar los ingresos de personas privadas de libertad.
Seis realidades simultáneas que hacen materialmente inalcanzable cumplir su misión, pues se le prohíbe el ingreso de personas a los espacios carcelarios con que cuenta, pero no se le exime de la obligación de hacerlo.
Lo más grave de este contexto es que sí existen espacios habilitados en el sistema penitenciario donde se podrían realizar aislamientos y nuevos ingresos que impedirían la acumulación de personas en las celdas del OIJ, pero sobre ellos pesan órdenes judiciales que impiden su uso.
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Tal es el caso del CAI San José, tradicionalmente conocido como San Sebastián, donde se encuentran sin uso más de 300 espacios a los que se les han realizado mejoras, pero que dependen de que un juzgado de ejecución de la pena de San José levante una orden de cierre que pesa sobre él, a pesar de que esto se ha solicitado en reiteradas ocasiones y de que dicho juzgado no tendría competencia para sostener ese cierre, toda vez que en el centro no hay personas sentenciadas, sino solamente indiciadas.
La gran pregunta que surge cuando se emite o se sostiene una orden de cierre a un espacio penitenciario habilitado en pandemia es: ¿Para qué llevar al país a una situación límite que es absolutamente evitable? Estas órdenes muestran que algunas autoridades judiciales no terminan de entender (o no son de su interés) las circunstancias excepcionales que vive el país —y el mundo— en medio de una pandemia, y se sigue ordenando sobre el sistema penitenciario como se hacía en tiempos ordinarios, sin considerar el efecto que podría tener un potencial contagio masivo entre las 16.000 personas en prisión, y por rebote, en una potencial saturación del propio sistema de salud del país.
Si no se permite usar los espacios de aislamiento con que se cuenta, ¿qué es lo que se le está exigiendo a la DGAS, que no reciba gente porque no la puede aislar o que la ingrese directamente sin aislamiento? Ambos escenarios la obligan a incumplir alguno de los mandatos que posee.
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A las puertas de iniciar operaciones el centro Terrazas (en proceso de contratación de las plazas recién aprobadas para su funcionamiento), que vendrá a dar un respiro al problema de sobrepoblación carcelaria en el país, resulta innecesario empujar al sistema penitenciario al límite, ahogándole todas las posibilidades de cumplir su misión e ignorando el riesgo para la salud de las personas que permanecen en celdas judiciales, y las que ya se encuentran dentro del propio recinto penal.
Un digno regalo de bicentenario para el país sería mostrar conciencia de la excepcionalidad de los tiempos en que nos llega esta maravillosa celebración y poner la voluntad y la racionalidad en favor de la gente a la que servimos las instituciones. Ojalá que los únicos pasteles que comamos sean los del cumpleaños de la patria.
La autora es ministra de Justicia y Paz.