Sería bueno que las personas con aspiraciones presidenciales vayan pensando en esta pregunta: ¿Cuál será el escenario más probable en el que se desarrollará la próxima campaña electoral? Y, más precisamente, ¿cuál es el escenario que más conviene a sus aspiraciones?
Las próximas elecciones se celebrarán en un contexto muy fregado. La economía no se habrá recuperado del todo y, aunque haya mejoría, cientos de miles de personas seguirán sufriendo la falta de trabajo y la mala situación de sus emprendimientos. Habrá tensión social y frustración.
No sabemos cuál será la situación de la pandemia; si estaremos en campañas de vacunación masiva o no. Habría que pensar que buena parte de la población estará fatigada luego de tanta incertidumbre y restricciones.
Los partidos políticos estarán aún más débiles que cuatro años atrás, con organizaciones mínimas, desfinanciadas —ahora con menos acceso a fondos públicos— y enfrentando (otra vez) una mayoría de los electores escépticos. Además, en ciertos territorios, deberán lidiar con liderazgos fácticos cuestionables que han captado el descontento popular.
Este, sin embargo, no es el escenario más malo. Uno peor sería que las elecciones se hagan inmersas en una profunda crisis disparada por la insolvencia en las finanzas públicas y sus efectos sobre la inflación, el tipo de cambio y la producción. El país viviría una fuerte agitación social y política, y un impopular gobierno saliente estaría imponiendo fuertes medidas de ajuste. Cualquiera que sea el caso, la mesa está servida para que un Periquito de los Palotes se monte sobre el descontento ciudadano y, copiando la receta de tantos países, se mande con el populismo para ganar las elecciones y desbancar a los demás.
Los aspirantes presidenciales se enfrentan a un lío: ¿Cómo disminuir la probabilidad del peor escenario? Actuar preventivamente en dos frentes podría ser útil. Por una parte, llegar a un acuerdo político para atender la emergencia fiscal y evitar que la insolvencia pública detone una crisis a corto plazo. Llegarían a gobierno con un incendio apagado. Por otra, podrían redituar la experiencia del Acuerdo Nacional del 2017 entre los partidos, incluido ahora un compromiso explícito con la democracia y los derechos humanos. Ello daría una hoja de ruta al próximo gobierno y tranquilidad a la ciudadanía.
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El autor es sociólogo.