Al igual que muchos, veo con gran preocupación el deterioro de la democracia en el mundo: retrocesos en las democracias avanzadas, proliferación de regímenes híbridos o «democracias de fachada» y arrogancia de los dictadores. Llamemos a eso la autocratización de la política.
Consecuentemente, una pregunta obstinada me persigue hace rato: ¿Está nuestra democracia en riesgo? Pienso en escenarios en los que un grupo político llega al poder por medio de las elecciones y, una vez montado, atropella a instituciones y partidos, con la aquiescencia de poderosas élites y el apoyo popular.
Quizá sea el momento de plantearme la pregunta inversa: ¿Qué puede hacerse para mejorar la calidad de nuestra democracia? Poner la mirada en la mejora y no en el miedo puede ser una buena estrategia para enfrentar las amenazas y riesgos políticos.
Primera idea: reforzar la calidad de la legislación sobre el financiamiento político, pasando reformas ya sugeridas por el Tribunal Supremo de Elecciones: permitir el «financiamiento adelantado» y la provisión de bienes públicos (transporte, franja horaria en medios de comunicación), pero sin debilitar los controles públicos. ¿Riesgo por combatir? La captura de los partidos por el dinero plutocrático y del crimen organizado.
Segunda idea: cambiar el sistema de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia en la Asamblea Legislativa. Pasar del proceso actual, arbitrario y poco transparente, a un sistema de méritos. ¿Importancia? Garantizar la selección de magistrados del más alto nivel profesional y ético. Sabemos que una pieza central de toda estrategia antidemocrática depende del control de la Corte.
Estoy claro de que estas ideas no resuelven los problemas de fondo que agrietan nuestro edificio democrático. Por ejemplo, las amplias y persistentes desigualdades territoriales y sociales, que han ido desconectando a regiones y grupos sociales de la vida económica y civil del país. Hemos creado una región categoría A (Valle Central), que concentra las oportunidades de empleo e influencia política, y muchas de categoría B, desintegradas y relegadas por la política pública.
Estos urgentes asuntos estructurales llevan tiempo, si hay voluntad política, pero la defensa de nuestra democracia requiere empezar por medidas urgentes. Puse dos, pero hay más. Lo vital es empezar ya por algún lado.
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El autor es sociólogo.