Las actuales autoridades del Instituto Nacional de Seguros (INS), tienen el gran mérito de haber actuado con decisión ante la corruptela detectada en el departamento de avalúo de vehículos.
Pero incurrieron en el gran error de, para evitar repeticiones, diseñar un sistema alambicado y burocratizado, que convierte a los usuarios en las grandes víctimas de todo este caso.
De ahora en adelante tener un accidente, además de sus consecuencias directas, implicará precipitarse en un laberinto de gestiones que quizá disminuyan la corrupción, pero a costa de la agresión de quienes, en lugar de clientes del INS, pasan a ocupar la categoría de esclavos de su burocracia.
El asunto ha provocado justificada irritación en mucha gente, pero no debe suscitar sorpresa: ante la falta de competencia, el Instituto se puede dar el lujo -como lo hacen los bancos estatales o el ICE- de establecer las reglas que se le antojen, porque el público, simplemente, no tiene alternativa; es un prisionero.
Es cuando surgen problemas de esta índole que se hace manifiesta una realidad que aún muchos se empeñan en negar: la desmonopolización de los seguros, la apertura del mercado y la introducción de la competencia beneficiarán, en primer lugar a los comsumidores.
Solo cuando haya varios proveedores luchando por las preferencias de los usuarios estos dejarán de ser vistos como súbditos para asumir su verdadero papel: el de clientes con todo el derecho para demandar un servicio eficiente y a precio justo. De paso, es muy probable que salga ganando la honestidad, no porque los corruptos vayan a desaparecer, sino porque los controles del mercado obligarán a controlarlos rápidamente sin afectar el servicio.
Pero mientras la apertura no llegue, la única opción que queda es la del padecimiento y -como seguramente sucederá- el surgimiento de formas más sutiles de corrupción.