El mundo ha respondido a la invasión rusa de Ucrania con sanciones, prohibiciones de viaje y entregas de ayuda humanitaria y militar, todo lo cual se ha ido incrementando conforme los crímenes de guerra del presidente ruso, Vladímir Putin, se cobran más vidas.
Ahora que el coraje y la solidaridad del pueblo ucraniano han despertado la conciencia colectiva de Europa y de buena parte del mundo, crece la presión para que estas medidas se complementen con acusaciones penales contra Putin y sus colaboradores más cercanos.
Hay un ímpetu internacional en tal sentido. Unos 140 destacados juristas y exdirigentes han emitido una declaración de apoyo a un “tribunal especial para el castigo del crimen de agresión contra Ucrania”, una idea propuesta originalmente por Philippe Sands, del University College de Londres.
De hecho, la procuradora general de Ucrania ha anunciado que está recopilando pruebas de crímenes de guerra cometidos por Putin y sus fuerzas, y las autoridades legales de Alemania y Polonia han comenzado investigaciones propias.
La justicia española trabaja en la recolección de pruebas para un pedido internacional de arresto contra miembros del círculo íntimo de Putin, como se hizo hace veinte años para llevar ante los tribunales al exdictador chileno Augusto Pinochet.
Además, en respuesta a pedidos de unos 39 países, el fiscal principal de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió empezar una investigación por crímenes de guerra y contra la humanidad en Ucrania (la CPI no puede juzgar a Rusia por el crimen de agresión). Y Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, anunció que una comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se encargará de preparar un expediente con pruebas de crímenes contra la humanidad, de guerra y de agresión.
El representante legal designado por Rusia ante la Corte Internacional de Justicia renunció, y declaró: “Todo tiene un límite. Se me ha vuelto imposible representar a un país que desprecia la ley con semejante cinismo”.
Dada la gravedad de los crímenes de Putin, todas estas investigaciones son esenciales y bienvenidas. Pero la prioridad ahora es actuar con rapidez. El mundo tiene que transmitir al pueblo de Ucrania el mensaje de que no se quedará de brazos cruzados y a los miembros de la clase dirigente rusa, que no habrá impunidad para quien ayude a sostener la guerra de agresión de Putin, y que lo mejor que pueden hacer es distanciarse del régimen y comenzar a entregar pruebas.
Ucrania ha pedido la formación de un tribunal especial internacional, y los gobiernos europeos deben apoyar ese pedido. Pero mientras tanto, ya podemos crear una oficina interina para que investigue todos los hechos que puedan constituir crimen de agresión. Se puede designar un fiscal interino para que recopile pruebas y analice las cuestiones básicas: la naturaleza de la acusación, la cuestión de la inmunidad y las reglas procedimentales.
La sede de la oficina debería estar en La Haya, y no necesita estar formada por más de diez personas. Con apoyo financiero de uno o dos gobiernos, esta oficina puede colaborar con la CPI en sus respectivas investigaciones complementarias.
Investigar y juzgar un crimen de agresión es relativamente fácil. Su definición legal se aplica a toda persona que planea, prepara, inicia o ejecuta una política de agresión. Un grupo de juristas estadounidenses ya ha hecho un trabajo de documentación impresionante sobre posibles actos de agresión de Putin, desde la decisión en el 2014 de anexarse Crimea y enviar tropas a la región ucraniana de Dombás.
El crimen de agresión de Putin contra Ucrania no termina con la invasión que comenzó el 24 de febrero. Continúa con cada ataque deliberado contra ciudades y pueblos ucranianos y contra civiles inocentes, con su negativa a respetar corredores humanitarios y acuerdos de alto el fuego, y con el uso de centrales atómicas para extorsionar al gobierno ucraniano.
Cuando hace treinta años la cuestión eran los crímenes de guerra cometidos en Yugoslavia y Ruanda, el presidente estadounidense Bill Clinton llevó adelante una audaz iniciativa para la creación de tribunales especiales, que luego recibieron el aval del Consejo de Seguridad de la ONU.
Las razones que se dieron entonces siguen siendo pertinentes hoy. Los estadounidenses vieron que había necesidad de liderazgo moral. Clinton explicó que la misión del tribunal no era fallar en favor de un determinado grupo racial, religioso o étnico, sino trazar una línea entre quienes habían elegido la guerra y quienes habían elegido la paz. Según dijo, esa es, en última instancia, la única línea divisoria que realmente importa.
Nuestra tarea hoy es hacer lo mismo. Tenemos que trazar una línea entre quienes ven el mundo como una lucha incesante entre “nosotros” y “ellos” y quienes creen que la humanidad es una sola. Comenzando el proceso de investigación, documentación y enjuiciamiento de los crímenes de Rusia contra el derecho internacional, podemos dar a los ucranianos (y al mundo) una esperanza realista en que se hará justicia y se reconocerá nuestra humanidad compartida.
Gordon Brown, ex primer ministro del Reino Unido, es enviado especial de las Naciones Unidas para la educación mundial y presidente de la Comisión Internacional para el Financiamiento de Oportunidades Educativas Globales.
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