Encadenen las rejas. Cierren puertas y ventanas. Enciendan las alarmas. Alerten a los guardas. Aceiten las armas. Escondan el aguinaldo. Protejan las billeteras. Y, a menos que sea indispensable, eviten caminar por las aceras.
Una marea de maleantes irredentos –más de mil, según anuncian– está saliendo de las cárceles y descendiendo sobre pueblos, ciudades, pastos y sembradíos. Vienen listos para lo peor y se sumarán a los que ya nos asedian, con la complicidad de autoridades alcahuetas.
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Preparémonos y exijamos que siga el hacinamiento carcelario como forma de combatir la delincuencia.
Para cualquiera que, sin adecuados antecedentes, haya seguido las reacciones más divulgadas ante las medidas del Ministerio de Justicia para reducir la sobrepoblación penal, tal es el mensaje que queda.
Su propósito: inducir al miedo, crear histeria y, desde ella, persuadir y presionar. La estrategia es vieja. Se ha empleado en múltiples ocasiones alrededor de temas que deberían discutirse desde lo racional, pero que resulta fácil volverlos emocionales. Así pasó, por ejemplo, con la discusión sobre TLC con Estados Unidos.
Hacer más flexibles los regímenes sancionatorios, como parte de una política penal integral, desafía la intuición. La reacción instintiva frente al delito tiende a ser “¡guarden al delincuente!”. Ojalá para siempre. Algo distinto puede parecer flojera o, incluso, amenaza.
De aquí la facilidad de exacerbar esos instintos para generar la oposición o llamar la atención hacia figuras que, desde la “mano dura”, pretenden reciclarse como adalides del orden social.
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El país padece una emergencia objetiva: el hacinamiento penal. Es peligrosa; también intolerable, porque viola derechos que –sí– tocan a los reos. Algo hay que hacer, y no solo se trata de construir más cárceles.
La solución pasa por dar mayor ímpetu a las penas y arreglos alternativos y por escalonar los tipos y sitios de las sanciones, con base en diagnósticos individuales.
El Ministerio de Justicia ha puesto en práctica esto último. No consiste en dejar salir a cualquiera, sino en reubicar a algunos, previos estudios del caso.
Que no lo ha explicado bien, quizá; que habrá errores, sin duda. Pero la solución no está en detener el proceso, sino en clarificarlo, mejorarlo y gestionarlo bien.
(*) Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).