Creo que, por las urgencias de la crisis fiscal que nos agobia, estamos creando una distorsión institucional muy fregada dentro del sector público. Lo planteo así: el Ministerio de Hacienda tiene como responsabilidad asegurar que se cumpla la regla fiscal, una ley de la República. Más allá de las discusiones sobre su adecuado diseño o no, si el Congreso la aprobó, hizo bien en establecer parámetros claros y responsabilidades específicas a una entidad pública para asegurar su cumplimiento.
Empero, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. El empoderamiento del Ministerio de Hacienda ha derivado en el micromanejo de los presupuestos de otros ministerios, organismos desconcentrados, poderes de la República e instituciones autónomas. En otras palabras, además de aplicar la regla fiscal, este Ministerio define, en la práctica, las prioridades específicas de la política pública: si se invierte en comedores escolares o no y cuánto; si se paga a la Caja de Seguro Social las cuotas del Estado; si hay plata para la política social selectiva orientada a las poblaciones más pobres o no; si el Poder Judicial invierte en un programa u otro.
El problema es que nada sabe el ternero de aviación, pues nunca ve para arriba. ¿Qué sabe Hacienda sobre los contenidos y prioridades de las políticas sectoriales, sus objetivos a mediano y largo plazo? ¿Qué sabe de lo que se necesita para salir del apagón educativo? ¿Cuántos bonos de vivienda se requieren? La respuesta es muy sencilla: nada. No les pagan para eso, sino para que las cuentas cuadren al final del año. Y, sin embargo, Hacienda decide sobre asuntos que no son de su competencia ni especialidad.
Me pueden decir “está equivocado, Varguitas, al fin y al cabo, el presidente es el que decide. Además, si Hacienda no está en la portería, todo el mundo metería goles”. Lo primero es cierto, siempre fue cierto. Con respecto a lo segundo, que Hacienda esté en la portería no significa que además juegue de centrodelantero.
Hay otra manera de hacer las cosas y mantener la disciplina fiscal. Hacienda puede certificar los ingresos probables, estipular el tope de gasto público, incluyendo a los Poderes de la República, asegurar que se cumpla y parar los goles. Por debajo de ese tope, las prioridades específicas de gasto son resorte de las instituciones a cargo de las políticas. De lo contrario, la austeridad devorará el desarrollo.
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El autor es sociólogo, director del Programa Estado de la Nación.