Noticias recurrentes, entre otras del mismo matiz, son las que nos dicen que las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social crecen para ser atendido por especialistas, para intervenciones quirúrgicas y para exámenes de laboratorio. En respuesta, se propone el copago.
Otras nos informan de que disminuye la calidad y actualidad de la educación en los colegios públicos, que se incrementa la inseguridad y la delincuencia en las comunidades. Puntarenas Limón y múltiples barrios del Valle Central están tomados por pandillas y gatilleros.
Dicen que la justicia está muy lejos de ser pronta y cumplida, sube la impunidad y las comunidades toman la justicia en sus manos, que el servicio de transporte urbano es de baja calidad, ya que está secuestrado por los concesionarios y los políticos y que a nadie le interesa resolver la cuestión, porque quienes lo sufren son los pobres.
Pérdida de confianza
Este tipo de noticias evidencian el deterioro progresivo de nuestra institucionalidad y la pérdida de confianza en esta. Como es sabido, la confianza es el fundamento de las relaciones institucionales y humanas, tanto de pareja como económicas, lo que se conoce como capital social.
Cuando se pierde la confianza se entroniza la desconfianza y se pierde la autoridad, se crea un clima de inestabilidad que favorece la impunidad y los comportamientos desviados de los “vivazos”, que “resuelven” los problemas a través de la corrupción, lo que contribuye a crear un malestar generalizado.
En otras palabras, se diluye la autoridad y se entra en un período de debilitamiento, desintegración y caos progresivo, proceso que termina evocando a su contrario la solución de fuerza o yang, rompiendo de paso con el sistema institucional.
Este es un proceso paulatino pero inexorable. A medida que se aprueban derechos “para todos” sin los recursos y sin los mecanismos necesarios, se deja por fuera a la población de menos ingresos, al mismo tiempo que se estimula que los de mayores ingresos tengan su propio sistema de salud, educación y seguridad.
Lo anterior significa que se construyan progresivamente, como en la época de la conquista, muros o empalizadas sociales que separan a los que no tienen acceso a los servicios y derechos pagados solidariamente por todos de los que sí pueden pagarlos en el mercado privado.
Nuestro país ha mantenido en las últimas décadas un esquema de desarrollo que concentra la riqueza en un 20 % de la población, mientras que el otro 80 % lucha por mantener sus ingresos o retrocede y va siendo excluido progresivamente.
Toma de decisiones
La educación, que es el medio de ascenso social más importante, está enraizada en el siglo XX, con avances limitados hacia el siglo XXI, y el sistema de educación informal no se ajusta a las necesidades de quienes perdieron la oportunidad educativa.
Mientras tanto, en una atmósfera de falta de oportunidades y desesperanza, que afecta especialmente a las regiones costeras y fronterizas, pero también núcleos importantes de las ciudades del Valle Central, donde el narcotráfico ha tomado posiciones, se erosiona aceleradamente y se resquebraja nuestra institucionalidad.
Es una hora de tomar decisiones que enrumben el sistema con orientación y visión, sobre la base de una gestión que se oriente por resultados. Hecho que se puede lograr, no sobre la actual estructura centralizada, que no rinde cuentas sobre lo sustantivo, sino descentralizando y fortaleciendo el sistema institucional con una participación social que se interese en el diseño y alcance de las metas, con evaluación recurrente en las áreas estratégicas.
Existen experiencias destacadas en nuestra historia y en la práctica de nuestras comunidades, a las que me he referido en otros artículos, que marcan senderos de cambio y transformación. Pero esto requiere tener voluntad de aprender de ellas, romper el estereotipo según el cual la exclusión es culpa de los “perdedores”.
Se trata de involucrar a la gente en la gestión pública, ahí donde existan las condiciones, con el propósito de revertir este proceso de desintegración institucional que amenaza nuestra vida en democracia.
Los resultados se verán en una educación de calidad, un sistema de formación técnica actualizada y una seguridad sólida, que conduzcan a una reducción progresiva de la exclusión social, fuente primigenia de todos los males, lo que permitirá retomar el carácter solidario de los servicios públicos y evadir el desastre que se vislumbra. El tiempo apremia.
miguel.sobrado@gmail.com
El autor es sociólogo.