Mensaje equivocado, en el momento equivocado: 8 años de cárcel a una persona por vender tres gramos de droga en el 2013 y, durante el mismo período, los señalados en el caso de la trocha andan libres y el asunto no ha llegado ni siquiera a juicio. En el primer asunto, hasta los jueces reconocen que es una pena excesiva, pero la ley es la ley, y ellos no pueden inventar una sanción menor.
Los mismos 8 años, la misma justicia lenta, pero resultados distintos. De un lado, una persona drogadicta; del otro, personas (funcionarios y empresarios) de clase media o más arriba. De un lado, un comportamiento delictivo sencillo: un individuo vendió droga y lo pillaron; del otro lado, una supuesta red delictiva compleja, en que hay que seguir las elusivas pistas del dinero, cuentas bancarias y documentos y demostrar responsabilidades singulares.
De un lado, un defensor público, un acusado y los jueces; del otro, varios imputados y abogados más jugados que el doble cero. De un lado, una Asamblea Legislativa inflexible y dura en asuntos de drogas y delincuencia común y, del otro, mucho más cauta y actuando bajo presión externa a la hora de adaptar el marco normativo de los delitos de cuello blanco.
Que el derecho penal tiene un contenido de clase bastante más indulgente con los comportamientos delictivos típicamente cometidos por «los de arriba» es un tema ya tratado por la literatura especializada (Pérez Correa, 2014; Ferrajoli, 2013). Razones hay muchas, pero el resultado es el mismo: le puede ir más mal a quien se roba una gallina que a quien se roba un millón de dólares. Este último tiene frecuentemente una ley más permisiva, acceso a abogados sofisticados, conexiones con el poder y, por tanto, más posibilidades de encubrir su delito.
Los dos casos que comenté son una selección interesada entre miles y sé que dos golondrinas tampoco hacen verano. El problema tiene más matices y resulta necesario investigarlo más sistemáticamente. Un avance específico es el del Informe estado de la justicia 2020, que logró documentar las dificultades serias en el trámite de casos de corrupción pública. Sin embargo, los ejemplos que puse me sirven para formular esta opinión: en la lucha contra el crimen, la Asamblea Legislativa ha sido un actor clave para generar la desigualdad desde la ley, inequidad que corroe el fundamento liberal de nuestra democracia.
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El autor es sociólogo.