Viajar con un chofer de Uber (con los de DiDi debe ser igual) es escuchar testimonios de desempleados que se afiliaron a la plataforma para sobrevivir; un “mientras tanto” que se prolonga por meses y hasta años.
La historia de algunos comienza con “me despidieron”, “el negocio no daba” o “no encuentro trabajo”. El relato sigue con las oportunidades laborales que les aparecieron, pero mal pagadas. De lo que hablan mientras conducen se deduce que son mujeres y hombres que perdieron la esperanza de hallar un empleo formal y optaron por este modo de vida no solo para ellos, sino también para sus hijos desempleados.
La semana pasada, me topé con un hombre de 57 años, despedido en noviembre del 2019 de una cadena de supermercados. Unos días después se afilió a Uber mientras conseguía un trabajo formal, y, cuatro años después, sigue ahí y su hijo ya lleva año y medio.
Para hacer de esto una labor rentable, las jornadas exceden las ocho horas; algunas hasta 12, porque los conductores tienen que costear el combustible y, en algunos casos, el préstamo del vehículo (no con bancos, sino con particulares) o el alquiler diario de hasta ¢20.000 que pagan a quienes hacen negocio rentando autos.
Es un trabajo arduo, en el cual hay que armarse de paciencia durante las presas y ante los clientes, pero es lo único que hay para personas, principalmente, con baja escolaridad, en un momento en que, aunque la tasa de desempleo es del 9,6 %, aumenta al 27 % en los menores de 24 años. Estos últimos son los más afectados por la destrucción de 118.000 puestos de trabajo en el último año.
Uber y DiDi llegaron para quedarse porque son un alivio para los desempleados y una necesidad ciudadana, debido al deficiente transporte público. Con más de 30.000 conductores, es imposible desaparecer las plataformas, pero es esencial mejorar las condiciones laborales.
Para eso se requiere un proyecto de ley, pero sobre todo un real compromiso del gobierno. No se trata de redactar y ordenar a los 57 diputados su aprobación. Mandatario, ministros y diputados oficialistas deben entender que la democracia funciona diferente. Se necesita negociación y trabajo arduo de ellos para consensuar.
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El autor es jefe de Redacción de La Nación