Costa Rica mantiene su absoluto respaldo a la restauración de la libertad y la democracia en Venezuela, y su firme posición de repudio al régimen de Nicolás Maduro.
No hemos variado nuestra posición, como tampoco nuestro compromiso con la paz y los derechos humanos. Ha sido precisamente en defensa de esos principios que se fundamentó nuestra decisión de no acompañar la Declaración del Grupo de Lima del 25 de enero del 2019. Costa Rica, reiteramos, no ha cambiado su posición; al contrario, la ha reafirmado.
En esa ruta, el 15 de mayo del 2018 suscribimos la Declaración del Grupo de Lima, en la cual se condenó al régimen autoritario en Venezuela. Desconocimos las elecciones presidenciales del 20 de mayo y, por otra parte, reconocimos la Asamblea Nacional, a Juan Guaidó como presidente encargado y acreditamos a su representante diplomática.
Principios humanitarios. Condenamos con vehemencia los hechos del 23 de febrero y repudiamos el uso de la violencia del régimen de Maduro en contra de la población civil en condiciones de vulnerabilidad.
Lo ocurrido nos indigna y nos consterna, pero, además, porque consideramos que esos hechos se habrían evitado si la ayuda humanitaria hubiera sido canalizada de conformidad con los principios internacionales en esta materia, a través de los protocolos de instituciones y mecanismos internacionales con experiencia en el manejo de crisis y con legitimación internacional. Diversas organizaciones humanitarias expresaron su disposición de canalizar el ingreso de la ayuda con base en los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa.
En un clima de crispación máxima, en el cual un régimen con gran capacidad bélica había advertido de que no dejaría ingresar la ayuda, es vital actuar a través de organismos imparciales y legitimados para prevenir un mayor riesgo para la vida y evitar más muertos y heridos como los del sábado 23. Es indispensable el acceso a la ayuda, pero también que sea seguro, sin poner en riesgo a la población, y eficaz, que llegue a las personas en necesidad. Tanto dentro como fuera del país, varios ven esto como un asunto menor; para el presidente y el canciller costarricenses nunca lo será.
Reiteramos, por tanto, nuestro llamado a la comunidad internacional y a las partes relevantes para que la ayuda ingrese por medio de los protocolos correspondientes y de acuerdo con los principios humanitarios.
En la negociación de la Declaración del Grupo de Lima, días antes de la reunión del 25 de febrero del 2018, solicitamos, formalmente, que estos principios fueran incluidos; sin embargo, prevalecieron otros criterios. Tan solo eso constituiría una razón para que Costa Rica, respetuosa de los mecanismos establecidos en el derecho internacional humanitario, no pudiera acompañar dicho documento. Pero no fue la única.
No “todas” las opciones son admisibles. Para nosotros, la resolución de la crisis debe establecer, con la mayor brevedad, plenas garantías para un proceso electoral creíble, de acuerdo con la Constitución, con opción de participación de todos los actores políticos y estándares internacionales para una transición democrática y pacífica, y en eso estamos trabajando.
El Grupo de Lima exige la salida inmediata de Maduro como condición para que las elecciones se celebren y ha dado su adhesión a una vía que no contempla el contacto con todas las partes para que eso suceda. En este sentido se han hecho públicas propuestas asociadas a la idea de que “todas las opciones están abiertas”.
Costa Rica apoya la salida cuanto antes de Maduro, pero un país sin ejército, con una tradición y esencia pacifistas, no puede secundar “todas” las opciones. Únicamente favorecemos la opción pacífica, democrática, propiamente venezolana y que explícitamente excluya el uso de la fuerza. No renunciaremos a nuestro compromiso con la solución pacífica de los conflictos, la diplomacia, las herramientas del derecho internacional y el multilateralismo.
Para que el proceso se lleve a cabo de forma pacífica, consideramos que debe existir contacto con todas las partes, y así lo hemos expresado en repetidas ocasiones ante el Grupo de Lima. Hemos advertido de que efectuar acciones en Venezuela sin contar con todos los actores relevantes solo generará más violencia. No es una posición nueva.
Algunos actores regionales no han sido lo suficientemente contundentes sobre la exclusión de la opción militar. El primer comunicado del Grupo de Lima sobre el asunto (15/9/2018), indica en un párrafo: “Asimismo expresan su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela”.
Algunos miembros del Grupo se abstuvieron de acompañar este comunicado. El mismo texto fue propuesto por Costa Rica en Ottawa, Canadá (4/2/2019); no obstante, el lenguaje que se aprobó es más diluido: “Reiteran su apoyo a un proceso de transición pacífica a través de medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza” . Una redacción similar, menos contundente que el lenguaje original del propio Grupo de Lima, fue incorporada, el mismo día de la reunión, al texto aprobado el 25 de febrero.
Nuestro país es claro y contundente: una intervención militar sin la aprobación del Consejo de Seguridad sería contraria a la Carta de las Naciones Unidas y, por consiguiente, a la constitucionalidad de Costa Rica.
Nuestra obligación histórica es apoyar las iniciativas diplomáticas que promuevan el contacto con los diversos actores sociales y políticos. Por ello, en el Grupo Internacional de Contacto, junto con Alemania, el Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Suecia, España, los Países Bajos, la Unión Europea, Uruguay y Ecuador, hemos encontrado un espacio válido para buscar soluciones que garantizan nuestra política exterior.
Costa Rica no titubea. Somos consistentes con los elementos fundacionales del Grupo de Lima; sin embargo, una característica que promueve la vivencia democrática es discrepar. Consideramos que a los amigos se les respeta, mas también se les señalan las preocupaciones propias y se hacen respetar.
En este contexto es que Costa Rica no pudo acompañar la declaración del 25 de febrero. Seguimos siendo miembros del Grupo de Lima y continuaremos abogando con fraternidad para que nuestras visiones se acerquen cada vez más, siempre defendiendo la libertad y la democracia en Venezuela.
El autor es ministro de Relaciones Exteriores y Culto.