Costa Rica en la época de la independencia

Una tierra casi despoblada durante la conquista recibió la declaración de independencia en 1821

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

¿Cómo era la Costa Rica de setiembre y octubre de 1821, cuando abandonamos nuestra condición de provincia de la Capitanía General de Guatemala? La primera reflexión es que Costa Rica y Uruguay comparten una singularidad histórica que los diferenció de gran parte de América Latina: sus territorios estaban escasamente poblados durante la conquista.

Eso ocasionó que más que conquistados fuéramos colonizados. Tanto así que, por ejemplo, nuestro país conoció la experiencia del minifundio, otra singularidad que nos diferenció del resto americano y salvó al país de lo que ocurrió a nuestros vecinos centroamericanos, en donde grandes mayorías nativas fueron sometidas a sangre y fuego, lo que originó abismales diferencias socioculturales.

El despoblamiento se debió a que éramos una tierra fronteriza de las dos grandes masas continentales y culturales. En el extremo sur, la mesoamericana; la etnia más grande situada en ese límite fue la Chorotega, y con ella finalizó esa enorme zona de influencia. Lo que hoy es el tapón del Darién simboliza el aislamiento en el que estuvo el sur de Costa Rica y lo que ahora es Panamá, del resto de la gran masa continental sudamericana.

Panamá era una de las más lejanas regiones de lo que en ese momento se llamó el Estado de la Gran Colombia, que en 1821 unificaba lo que entonces fue Nueva Granada, Quito, Guayaquil, Venezuela y Panamá.

Durante la época de nuestra independencia, la inmigración se componía básicamente de españoles y centroamericanos, un 80%, como lo describe Iván Molina en su obra sobre el legado colonial.

Gracias a las favorables condiciones climáticas, que Constantino Láscaris describió como una permanente primavera dividida en dos estaciones, una lluviosa y otra seca, la mayor parte de la población, especialmente la proveniente de Europa, se asentó en el Valle Central, que para entonces concentraba al 80% de los colonos de la provincia.

La economía se caracterizaba por un mercantilismo incipiente y las actividades principales eran la minería, la siembra y la comercialización de tabaco y caña de azúcar, y alguna ganadería, forjadas por una población que, en el Valle Central era, sobre todo, española y mestiza, casi el 70%.

Los indígenas se acercaban al 15% de los habitantes y aproximadamente un 5% a otro tipo de pobladores, dentro de los cuales estaba cerca del 1% de los afrodescendientes, que para 1821 aún era una población escasa, pues las oleadas fuertes ocurrieron después de 1870, en función de los contratos de construcción del ferrocarril y el desarrollo del enclave bananero. En lo que entonces eran Puntarenas y Guanacaste, la estadística aumentaba a un 20% de la población zambo y parda.

Desde la colonización y hasta la fecha de instauración como nación independiente, la nuestra fue una patria con una población aislada, de montañeses asentados en estribaciones de cordilleras y en los valles del centro del país, que no es territorio de un único valle, sino de multiplicidad de ellos.

Pocos migrantes

Láscaris sostenía que nuestra inmigración española no fue uniforme, o sea, que no provenía de una única región ni de un grupo étnico específico. Muchos de ellos vinieron por accidente, pues su destino inicial era otro, o bien, había diferentes razones por las cuales encontraban adecuado establecerse en esta provincia fronteriza tan remota.

Los motivos estaban asociados a las persecuciones que amenazaban a algunos colonos, propiciadas por las autoridades centrales de España, y otras causas, como deudas, cobros de obligaciones tributarias, cuentas pendientes con la justicia y hasta por motivos religiosos, como le sucedió a buena cantidad de inmigrantes de origen sefardí. En buena parte de su desarrollo, el Imperio español gestó una sociedad que, además de rigurosa en el orden impositivo y aduanero, lo era también en el eclesiástico.

En los distintos valles que configuraron la geografía intermontana central de la Costa Rica de 1821, se consolidaron numerosas poblaciones, lo que después de nuestra independencia se tradujo en caldo de cultivo para luchas intestinas que enfrentarían a esas comunidades periféricas contra Cartago, la más importante ciudad Estado.

Dicha ciudad perdería su preeminencia como capital de nuestra incipiente patria. En las circunstancias de la independencia, la realidad política se dividía entre el protagonismo de dos fuerzas políticas principales: la legitimación real derivada en la figura del gobernador colonial y su cuerpo de funcionarios inmediatamente dependientes de él, y quienes, por la pobreza propia de nuestra sociedad colonial, eran un estamento escaso y sin mayor capacidad económica; y los ayuntamientos o cabildos que velaban por los intereses públicos de las comunidades importantes y que, desde el punto de vista socioeconómico, estaban integrados por ciudadanos prominentes, casi siempre comerciantes o productores agropecuarios destacados.

Por su papel como contribuyentes del sostenimiento financiero de los funcionarios coloniales, los cabildos tenían gran influencia en la realidad de la Costa Rica de principios del siglo XIX, y es la razón por la que, en la determinación respecto de qué hacer tras recibir la noticia independentista proveniente de la diputación de León, la última palabra la emitieron los ayuntamientos.

La independencia en realidad se consolidó jurídicamente el 29 de octubre de 1821, no el 15 de setiembre, pero ese es otro tema, que no corresponde al del artículo de hoy.

fzamora@abogados.or.cr

El autor es abogado constitucionalista.