Lentos y débiles avances en la lucha contra la corrupción han tenido estancada a Costa Rica en el índice de percepción de la corrupción (IPC), que calcula anualmente la organización Transparencia Internacional y sirve de parámetro serio para la comparación entre países y en el tiempo.
Del 2021 al 2022, nuestro país obtuvo 58 puntos de 100, con lo cual se mantiene en la decena de los cincuenta, en la cual ha estado fluctuando desde el 2012, sin avances sostenidos.
El índice se utiliza para calcular muchos otros indicadores internacionales que miden estándares democráticos y para evaluaciones de riesgo. Es tomado en cuenta por inversionistas y es de utilidad para reflexionar cada año sobre lo que Costa Rica ha podido mejorar. Es una mirada externa que pone nuestras barbas en remojo periódicamente, pues a veces los insumos internos se minimizan.
Costa Rica sigue en el tercer lugar en América Latina, quince puntos detrás de Uruguay (73) y de Chile (67). Es decir, continúa siendo el tercer mejor alumno de la clase, sin lograr pasar el 60 del examen.
Recuerden que se alcanzó como máximo un puntaje de 59 en la medición del 2017 y se perdieron 3 valiosos puntos en el 2019. Por segundo año consecutivo, el país aumenta un punto, que muestra una ruta adecuada, que debe seguir, y para lo cual se necesita redoblar los esfuerzos mostrados.
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Resultados mixtos
Desde una perspectiva a mediano plazo, el estancamiento en el IPC es el reflejo de los resultados mixtos que el país ha evidenciado en materia de anticorrupción, típico nadadito de perro.
Tenemos un escenario en donde se muestran avances destacados, pero aislados, o algunos en ciernes, combinados con otras propuestas que no caminan del todo y, principalmente, limitaciones para la sanción eficaz.
En el 2021 fuimos testigos de tres megacasos de corrupción: Diamante, Azteca y Cochinilla, que combinan distintas formas de criminalidad organizada, actores públicos y privados, incluso internacionales, que actúan en red para cometer delitos de corrupción de manera sostenida en el tiempo. Dicho de otro modo, se trata de una modalidad de corrupción llamada captura de la institucionalidad, especialmente en el sistema de compras públicas.
Por ello, la detección e investigación de estos casos representa grandes avances. Es siempre mejor conocer y visibilizar el problema. Sin embargo, para combatirlo, es urgente que las investigaciones, y otras aún más antiguas, produzcan sanciones.
El Ministerio Público recientemente solicitó juicio para los involucrados en el caso del cemento chino, revelado en el 2017. Desalienta el hecho de que, en promedio, en este tipo de casos solo llegan a sentencia alrededor del 7% del total, según el Informe estado de la justicia.
Tanto la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción como la Fiscalía de Legitimación de Capitales cuentan con recursos limitados para la presión que implica estos hechos cada vez más complejos.
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Fuera de las prioridades
Los lentos avances se notan en la falta de prioridad que se le ha dado a la corrupción en las políticas públicas. No fue hasta el 2021 que el país contó por primera vez con una Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), cocreada por varios sectores e instituciones y que aún tiene por delante su implementación, léase financiamiento adecuado.
La corrupción no ha sido abordada en la campaña electoral como un eje prioritario. Según un inventario de propuestas elaborado por Costa Rica Íntegra, en todos los planes de gobierno se menciona la palabra corrupción en forma genérica, como un mal al que hay que “cerrar los portillos”, del que hay que “limpiar a Costa Rica”, que se debe “combatir”, “disminuir” o “evitar”, pero la gran mayoría de los partidos políticos no ofrecen tratamientos apropiados y serios para combatirla.
Aprovechando el momento y la revelación del IPC, hago dos llamados concretos. 1) A las autoridades que serán elegidas en el próximo período de gobierno, que no inventen el agua tibia, la ENIPC puede ser el punto de partida para elaborar una política pública anticorrupción. Hay recomendaciones de la OCDE, de la ONU y la OEA, grupos organizados y la academia, de las cuales echar mano también. No queda margen para la improvisación.
También, hay una clara agenda legislativa pendiente que incluye desde la reforma integral de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento Ilícito hasta nuevas normativas para la regulación del cabildeo yde acceso a la información, incluso un reglamento para sancionar a diputados por faltas éticas.
Estas medidas incidirán en los indicadores internacionales, pero más importante aún, impactarán en los ingresos fiscales y la calidad del gasto público, y fortalecerán la credibilidad en las instituciones y la legitimidad de un nuevo gobierno.
2) A la ciudadanía, el llamado es para que ejerza su papel de fiscalización y control, su derecho de demandar el fortalecimiento de la transparencia, la ética, la rendición de cuentas y la participación ciudadana con medidas concretas y medibles.
Frente a este difícil escenario de megacasos cada vez más frecuentes y el estancamiento de los estándares internacionales, las discusiones de la campaña electoral y la inauguración de un nuevo gobierno deben servir para actuar contundentemente y prevenir una mayor infiltración de la corrupción en las instituciones públicas.
evelyn.villarreal@cr.transparency.org
La autora es presidenta de Costa Rica Íntegra e investigadora Estado de la Justicia.