En las últimas semanas, una seguidilla de escándalos confirman cuán expuestos están los empleados públicos a los intereses oscuros. Que organizaciones presuntamente delictivas lograran tocar las puertas del Congreso, ministerios, instituciones, municipios y hasta de cuerpos policiales es una señal de alerta.
Raquíticos controles internos y una conducta desvergonzada de algunos funcionarios bien puede abrir un peligroso portillo para que grupos tejan sus redes de influencias. Con favores, sobornos, adulaciones y hasta proyectos disfrazados de buenas causas, les sería posible forjar lealtades y obtener palancas para sus propósitos.
Lo más preocupante es que muchas de las acciones que hoy se están investigando se realizaron a plena luz del día sin que nadie, al parecer, notara el elefante blanco que bailaba frente a sus ojos.
Sin duda, todas las instancias de control deben ser revisadas. Auditores, inspectores, fiscalizadores, verificadores y supervidores deben estar prestos para detectar maniobras que una vez concretadas atenten contra la Hacienda pública.
¿Para qué tener una estructura tan compleja si a fin de cuentas no sirve para frenar la infiltración del crimen organizado? Lamentablemente, los recientes casos revelados por las autoridades judiciales también generan dudas sobre los sistemas de control y sus encargados.
Queda claro que se necesita gente idónea y dotada de las mejores herramientas para verificar el buen uso de los recursos públicos. También se requieren funcionarios con instinto de sabueso para olfatear las intenciones y seguir el rastro a personajes sospechosos que merodean las oficinas públicas.
Por ello, es urgente zarandear las instancias de supervisión para garantizar que cuenten con personal muy calificado y honorable. De nada sirven extraordinarios atestados técnicos si la moral es un desastre. La probidad tampoco es garantía si se carece del conocimiento óptimo.
A pesar de que las autoridades asestaron un fuerte golpe contra grupos cuya participación en los actos denunciados será determinada por los tribunales, nada nos garantiza que no haya hechos ocultos.
Frente a esta lamentable amenaza, en las instituciones se impone como necesidad la revisión de procedimientos, la autocrítica y agudizar los sentidos.