Los últimos años no han sido buenos para la democracia en América Latina. A pesar de albergar apenas al 8,4 % de la población mundial, la región representó el 26 % de las muertes totales debidas a la covid-19 (hasta diciembre pasado) y, en el 2020, experimentó una caída del PIB que fue dos veces más profunda que el promedio global, con decenas de millones de personas que terminaron sumidas en la pobreza.
Mientras estaba en marcha la recuperación, Rusia lanzó su guerra contra Ucrania, lo que le asestó otro golpe a la economía y a la estabilidad económica latinoamericana.
A partir de mediados de la década de los ochenta, luego de un período prolongado dominado por dictaduras militares, América Latina experimentó un renacer democrático. Pero su desempeño en el índice de democracia, producido anualmente por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, por sus siglas en inglés), ha venido cayendo durante siete años. Paralelamente, las percepciones populares también se derrumban: Latinobarómetro informa que, del 2010 al 2019, el respaldo a la democracia en América Latina cayó del 63 al 49 %.
Si bien esta cifra superó el 60 % en Chile, Costa Rica y Uruguay, estos son los únicos tres países latinoamericanos que la EIU no cataloga como “regímenes híbridos”, “regímenes autoritarios” o “democracias fallidas”. Pero, inclusive en estos casos, hay tendencias perturbadoras. Por ejemplo, Chile recuperó el estatus de “democracia plena” en el índice de la EIU en el 2022, pero Latinobarómetro revela que solo el 2 % de los chilenos está de acuerdo. Un sorprendente 53 % considera que su país es una “democracia con problemas significativos”.
Populismo autoritario en América Latina
Sin embargo, tal vez la muestra más clara de la decadencia democrática de América Latina sea la proliferación de un populismo autoritario. A diferencia de los dictadores militares del pasado, los populistas autoritarios —desde Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua hasta Nayib Bukele en El Salvador— usan las estructuras democráticas con fines antidemocráticos.
México ofrece un buen ejemplo de este fenómeno. El presidente Andrés Manuel López Obrador ejecutó reformas destinadas a debilitar la confianza en la autoridad electoral, base misma de la democracia.
La EIU considera que México es un régimen híbrido. Y México no es el único: la EIU estima que ocho países latinoamericanos están gobernados por regímenes híbridos, comparado con tres en el 2008.
Se trata de democracias antiliberales, no dictaduras absolutas, y existe el riesgo de que más países se sumen a ellas. En Chile, el candidato presidencial de extrema derecha José Antonio Kast, que se identifica con el exdictador Augusto Pinochet, ganó el 44 % de los votos en la elección del 2021, y puede resultar sumamente competitivo en la próxima.
En Argentina, los autoritarios en potencia ganan terreno dentro del principal bloque opositor, y un nuevo participante de fuera de la política, Javier Milei, está obteniendo respaldo con un discurso nacionalista populista centrado en el libertarismo.
El marcado ascenso del populismo autoritario en América Latina refleja lo que se conoce como “fatiga democrática” o, más específicamente, “frustración democrática”. Segmentos grandes de la población de la región —sobre todo, la clase media— están hartos de la incapacidad de los sucesivos gobiernos para encontrar solución a los problemas sociales y económicos, entre ellos las altas tasas de delito, la inflación galopante, los bajos salarios, una educación y servicios de salud inadecuados, pensiones magras y un transporte precario y saturado.
Populistas ofrecen soluciones simples
Los populistas autoritarios prosperan en contextos como este, ya que promueven soluciones simples que, muchas veces, son populares a corto plazo. La tasa de aprobación de Bukele creció por encima del 80 %, gracias al uso que hace de la encarcelación masiva para frenar la violencia de las pandillas. Pero, por lo general, no ofrecen soluciones duraderas, al menos no sin erosionar las estructuras y los principios democráticos.
Al mismo tiempo, una retórica grandilocuente y promesas vagas, por sí solas, no preservan la democracia. Es esencial brindar soluciones concretas a los problemas concretos. En este punto, la construcción de estados de bienestar eficaces en el norte de Europa sigue siendo paradigmático.
Los países mejor posicionados en el índice de democracia de la EIU —Noruega, Nueva Zelanda, Islandia, Suecia, Finlandia y Dinamarca— tienen redes de seguridad social particularmente fuertes. Nosotros, en Alternativa Latinoamericana —un grupo representativo de intelectuales y líderes políticos latinoamericanos que trabajamos desde el 2020 en la formulación de una propuesta sobre cómo fortalecer la democracia en la región—, estamos convencidos de que América Latina debe seguir el ejemplo y construir estados de bienestar sólidos.
Pero se trata de un proyecto de mediano a largo plazo, que exige que los líderes superen enormes obstáculos, como demuestra la experiencia reciente del presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo chileno, Gabriel Boric. Para frenar la amenaza inminente del populismo autoritario, también es imprescindible diseñar formatos democráticos rápidos, intervenciones ingeniosas que den resultados tangibles en poco tiempo.
Diseño de soluciones a corto plazo
Un ejemplo —replicable, ajustándolo a las necesidades locales— es Bolsa Familia. Introducido en el 2003, durante el mandato anterior del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, este “programa de transferencias monetarias condicionadas” ofrecía beneficios a los hogares a cambio de acciones que respaldaran su capacidad de escapar a la pobreza, como vacunación y asistencia escolar para los niños.
El presidente populista-autoritario Jair Bolsonaro —a quien Lula derrotó en las elecciones del año pasado— renombró el programa y expandió su cobertura y beneficios, pero eliminó estas condiciones.
Otro modelo es la asignación universal por hijo o hija de Argentina, una suma mensual abonada por cada hijo menor de 18 años cuando sus padres están desempleados, tienen empleos informales o trabajan en el servicio doméstico. De la misma manera, el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay fortalece la protección social para las personas dependientes de más de 65 años, a gente con discapacidades graves y a niños menores de tres años. La Pensión Garantizada Universal de Chile también merece ser emulada en otras partes.
Pero es en el terreno de la seguridad y de la aplicación de la ley donde el progreso se necesita con más urgencia. En los países de América Central y Suramérica, las clases medias y los sectores económicos dominantes claman por una reducción de los crímenes violentos y de la delincuencia.
Diseñar soluciones a corto plazo que defiendan los derechos humanos y constitucionales no será una tarea sencilla. Pero sin progreso en este frente, las amenazas a las democracias de la región seguirán creciendo.
Jorge G. Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores de México, es profesor en la Universidad de Nueva York. Carlos Ominami fue ministro de Economía de Chile.
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