Este artículo introduce y comenta una buena noticia para nuestro país, que requiere una explicación previa. Costa Rica no quiere aceptar que la carga tributaria ya no se corresponde con el desarrollo humano alcanzado.
La carga de alrededor del 13 % del PIB no sustenta de manera suficiente los gastos del Estado, especialmente la inversión social, que favorece no solo a los más necesitados mediante ayudas focalizadas, sino también la inversión social universal, esto es, la salud, la educación, la sanidad e incluso la infraestructura.
La carga tributaria ya no alcanza para cubrir todas esas necesidades. Esto se manifiesta aun en épocas de gran crecimiento de la inversión social, con déficit fiscal asociado. La acumulación de déficit fiscal origina, a su vez, una deuda interna y externa creciente hasta dimensiones que colocan al país en una situación de vulnerabilidad.
Escogimos un estilo de desarrollo a mediados de la década de los ochenta, basado en la apertura comercial y la atracción de inversión extranjera directa y su operación en el país mediante un conjunto de incentivos, sobre todo, de carácter fiscal, tales como exenciones de impuestos o cierto favorecimiento en algunos precios de insumos.
En esos años (desde la crisis de 1980 y a mediados de esa década) el desempleo era alto y la entrada de la maquila fue algo muy positivo porque generó masivamente empleo, centenares de miles de trabajadores se dedicaron a la maquila, especialmente textil. Pero poco a poco los salarios de la fuerza de trabajo, solo muy parcialmente calificada, no dieron para lograr competir en el mercado internacional de la maquila, el país migró hacia una producción mucho más sofisticada; sin embargo, con menor absorción de fuerza de trabajo, especialmente la no calificada, lo que engrosó el sector de los informales.
Las fábricas de ropa migraron hacia Nicaragua, luego hacia Honduras y finalmente hacia China. Así que el componente de empleo de las zonas francas dejó de ser tan importante: hoy tenemos en las zonas francas una fracción de lo que tuvimos en la década de los ochenta, aunque las exenciones se mantienen.
Esta situación genera algo muy importante, y es que una porción de la economía nacional, no tan grande pero sí la más dinámica en materia de exportaciones, quedó exenta de impuestos. Así que lo más dinámico está exento, lo menos dinámico paga los impuestos y subsidia a lo más dinámico. Cuanto mejor le va a ese sector económico (que no contribuye tributariamente), peor le va al fisco (si aumentan los gastos asociados a los insumos y condiciones del sector más dinámico pero exento).
Actualmente, según Cinde, con datos del 2019 sobre zonas francas, hay 374 empresas (un 27 % nacionales y un 73 % de capital extranjero) que emplean a unas 123.000 personas (un 10 % por empresas nacionales y el 90 % por empresas de capital extranjero), que compran localmente unos $2.100 millones (un 23 % nacionales y un 77 % de empresas de capital extranjero) y que exportan poco menos de $10.000 millones (un 9 % nacionales y un 91 % de empresas de capital extranjero).
Como decía, nuestro país no reconoce que su carga tributaria es baja y, paradójicamente, exime a sectores muy dinámicos. Se dice que no puede ser corregido porque eliminaríamos los incentivos que hicieron que esas empresas se establecieran en el país.
La buena noticia
Pues bien, el 15 de diciembre, salió una muy importante noticia en The Wall Street Journal: la Unión Europea ya había logrado la ratificación de un acuerdo para establecer un impuesto mínimo sobre la renta a las grandes corporaciones internacionales. Esta noticia plantea que la UE había superado la objeción de dos países miembros al acuerdo de octubre del 2021 en el que 137 países (Estados Unidos, la UE y Costa Rica, entre ellos) acordaron imponer un mínimo del 15 % del impuesto sobre la renta a empresas internacionales de gran envergadura, estuvieran donde estuvieran.
Los países en donde esas empresas trabajaran y generaran valor agregado en su territorio pueden cobrar el impuesto sobre esa porción de valor agregado en el país. Si un país no cobra el impuesto, pues otro país, en donde esté la casa matriz, puede cobrar el impuesto. El mismo artículo se refiere a que el Congreso norteamericano no había acordado en el 2022, por pocos votos, la ratificación del acuerdo de los 137 países, pero no descartaba una negociación exitosa en el futuro para ratificarlo.
De ratificarse este acuerdo y hacerse operativo, en un futuro cercano, como para el 2024, se generaría un cambio tributario mundial muy significativo. Las reglas del juego que nosotros no quisimos cambiar en el tanto podrían significar la pérdida de una porción de la economía dedicada a las zonas francas habrían sido cambiadas internacionalmente, lo que anula las supuestas ventajas de competir bajando impuestos.
El régimen no definitivo (ingresan insumos que se transforman en el país y salen productos con un valor agregado) tendría que pagar impuesto (renta mínima corporativa) sobre el valor agregado que se produce en el país.
No puedo presentar una estimación precisa, pero sí está claro que el impuesto mínimo sobre la renta a las grandes corporaciones internacionales que operan en el país recaudaría tributos por varios puntos porcentuales del PIB. Esto elevaría la carga tributaria actual. Así el país mejoraría su condición fiscal, sin estrechar a los que pagan actualmente impuestos.
Adoptar y adaptar
Es indispensable que las autoridades nacionales y, en particular, la Asamblea Legislativa, comiencen a pensar cómo adoptar y adaptar nuestra legislación a ese probable acuerdo internacional para que sea de utilidad en nuestro país. Requiere seguimiento y requerirá normativa cuando se consolide.
Este artículo trae, por lo pronto, una buena noticia: es posible que las disposiciones internacionales vengan a corregir una situación de pérdida de dinamismo de su desarrollo humano y podría ser un insumo para la solución de problemas que nos agobian, como la desigualdad y la insostenibilidad de nuestro Estado social de derecho.
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El autor es economista.