El país debe avanzar hacia la descarbonización, y la transición del transporte público a energías renovables es parte de la solución. Esto no está en discusión, pero sí las conclusiones planteadas en el informe Buses eléctricos para Costa Rica: aprendizajes de un proyecto piloto y recomendaciones para el escalamiento.
Gracias al Ministerio Federal de Medioambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, el país ha avanzado en la regulación y los estudios; no obstante, se elaboraron con graves falencias.
Concebido como un plan piloto de un año con tres unidades operando rutas diferentes, en el cual el ICE se reservó una unidad para realizar pruebas y contar con un plan de contingencia, a hoy, no constan en el informe datos recolectados de esas pruebas; por ello, quedan dudas, y una es por qué razón no se utilizó una tercera ruta, que aún no había sido asignada.
De las dos rutas seleccionadas, solo existe información utilizable de la número 70, del ramal San José–Desamparados concesionada a Autotransportes Desamparados. La prueba se llevó a cabo durante cuatro meses y los datos están lejos de los pretendidos por el cartel.
Con respecto a la ruta 200, Ramal San José-Alajuela a cargo del Grupo Tuasa, la información es mínima, pues, al elaborarse el informe, tenía apenas dos semanas de haber entrado en operación. Las preguntas de rigor son cómo y por qué se efectuó un trabajo de conclusiones y recomendaciones sin contar con los insumos que deben alimentarlo.
Desconocemos las razones de tal proceder, que incumple la esencia misma del objetivo del informe: la recolección de datos y experiencias, así como la de objetivos específicos: estudio de viabilidad técnica y financiera de buses eléctricos en comparación con los de diésel en rutas urbanas, familiarizar a la ciudadanía con la tecnología y capacitar a los empresarios sobre las diferencias.
Este informe reconoce la existencia de muchas incógnitas no despejadas, entre ellas la necesidad de realizar un estudio ruta por ruta para determinar la viabilidad comercial y de electrificación, y sesga, en favor de la figura de alquiler de los buses administrados por el ICE, sin contar con datos duros que lo respalde. Mi recomendación es volver a la mesa de trabajo, pues como país no podemos equivocarnos.
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La autora es politóloga.