“Todo agente económico deberá aceptar bitcoines como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio”, así reza el sétimo artículo de la Ley Bitcoin, la norma con la que El Salvador adoptó como dinero oficial la criptomoneda en el 2021.
Con el reciente desplome del bitcoin, vuelven los cuestionamientos sobre la decisión del país centroamericano, la mayoría relacionados con la volatilidad de los precios y que los $100 millones en fondos públicos que el gobierno de Nayib Bukele gastó en la compra del activo digital ahora valen menos de $50 millones.
La experiencia salvadoreña puede calificarse como una decepción por un motivo todavía más básico: ¡La ciudadanía sencillamente no transa con bitcoines!
En una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en octubre, se preguntó a los salvadoreños si habían utilizado bitcoines para realizar compras en el 2022; el 75,6% respondió negativamente. ¿Qué está pasando? Pues que este proceso de innovación en el sistema de pagos ignoró una de las lecciones esenciales de la teoría monetaria.
Podría pensarse que me refiero a la ley de Gresham: esa regularidad histórica acerca de que “si hay dos monedas, la mala expulsa a la buena”. Formalmente, que si circulan dos clases de dinero, el que se percibe de valor más elevado se resguarda como ahorro y, en consecuencia, termina por no emplearse para adquirir bienes y servicios.
Tal vez esa sea la decisión que encara el consumidor salvadoreño. ¡Pero no! No se están resguardando los bitcoines: la apuesta de El Salvador fue promocionada inicialmente con una transferencia de $30 en bitcoines por la descarga de la aplicación Chivo Wallet para criptomonedas. Sin embargo, de acuerdo con la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, solo un 10% de quienes instalaron la aplicación siguieron usándola tras gastar los $30 de subsidio.
Pago de impuestos
Como se aprecia, no es que la función del dinero como reserva de valor esté excediendo anormalmente su función de reducir costos de las transacciones. La lección de teoría monetaria a la que aludo, si bien se relaciona con las funciones del dinero, es una incluso más elemental; es la más elemental de todas: la definición de dinero como medio de intercambio de aceptación generalizada. Bitcoin, hasta hoy, no es dinero en El Salvador.
Existe una discusión académica de rancio abolengo sobre el origen del dinero. Una de las posturas mayoritarias es el cartalismo que, en palabras de Ricardo Borrello y Adela Plasencia en su artículo del 2010 Las monedas sociales y el debate sobre el origen y las funciones del dinero, puede resumirse en que “el dinero es dinero en tanto el Estado diga tal cosa y lo acepte en el cobro de impuestos”. El Salvador representa un claro contraejemplo a este paradigma.
¡Es más! Una exposición refinada del cartalismo apunta a que la posibilidad de pagar deudas tributarias con una mercancía genera por ella una demanda independiente de sus funciones intrínsecas; y de ese modo es que el Estado la convierte en dinero.
Mas, como evidencian Fernando Álvarez, David Argente y Diana van Patten en su trabajo del 2022 Are Cryptocurrencies Currencies?, solo el 5% de los salvadoreños usa el bitcoin para pagar impuestos, a pesar de que el artículo 4 de la Ley Bitcoinlo permita explícitamente.
El problema de las buenas intenciones
Que no se me malentienda: no estoy contraargumentando normativamente. ¡Claro que había buenas intenciones detrás de esta reforma! Tal vez la más evidente era evitar las comisiones de intermediarios por el envío de remesas (un 16% del PIB salvadoreño). Empero, la descripción de los hechos es que, como dijo Von Hayek en su obra clásica de 1976 La desnacionalización del dinero: “dinero” está más cerca de ser un adjetivo que un sustantivo.
En concordancia con la teoría hayekiana del lenguaje, que una palabra se vuelva parte de un idioma es un proceso espontáneo que depende de que la acción libre y continua de múltiples individuos convierta el uso de esa palabra en una costumbre. Es la voluntad de los demandantes y oferentes lo que proporciona la cualidad de liquidez: de acuerdo con el Banco Central de El Salvador, solo un 2% de las remesas se envían usando bitcoines.
La confianza y el consentimiento del público son los elementos que convierten una mercancía en dinero. Los datos verdaderamente cruciales que obvió el gobierno salvadoreño fueron los que reportó el Instituto Universitario de Opinión Pública en otra encuesta de agosto del 2021: el 71,2% de los salvadoreños preferían los dólares y solo un 4,8% entendía en ese momento qué es y cómo usar bitcoines.
En síntesis, establecer una criptomoneda como dinero oficial tiene ese riesgo: la gente podría no estar dispuesta a (o podría carecer del conocimiento y la tecnología para) aceptarlo. Parece colegirse una recomendación general: si se pretende que una criptomoneda sea dinero en una localidad, la adopción debe ser voluntaria, o bien, si se emite un mandato institucional para tal fin, debe haber un proceso de adaptación con detenimiento que eduque a la ciudadanía sobre este medio de pago.
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El autor es estudiante de Economía de la Universidad de Costa Rica.