A los jueces de trabajo debería darles pena el desprestigio que su desempeño le causa al Poder Judicial y a la misma justicia.
Su actuar se presta para cuestionar si realmente tienen un distanciamiento con los intereses personales o de su gremio e incluso para dudar, más, de la llamada “justicia pronta y cumplida”.
¿Cómo entender que un año y cuatro meses después de que el Poder Judicial fue a huelga durante 13 días, en julio del 2017, no hay una declaratoria en firme para conocer si fue legal o ilegal?
La resolución está varada y eso solo despierta interrogantes de por qué y qué habrá detrás de esa lentitud para juzgar hacia dentro del mismo Poder Judicial.
Ya, en primera instancia, el 24 de agosto del 2017, la jueza de Trabajo de Pococí Yocelin Quesada había declarado ilegal esa huelga al dictaminar que “existe la indudable afectación que recibió el servicio brindado por la Morgue Judicial, que mereció ser solucionado por medio de un recurso de amparo”.
Eso porque todo el país supo que se acumularon 35 cuerpos en la Medicatura Forense, algunos de los cuales se entregaron a sus familiares siete días después del deceso.
Ese actuar ocasionó una afectación incuestionable a la salud física y psicológica de los familiares, dijo la jueza.
También la declaró ilegal porque la huelga de los funcionarios no se dio contra un patrono (en este caso, la Corte Suprema de Justicia), sino contra la discusión de un proyecto de ley de reforma de pensiones en el Congreso.
Los elementos para juzgar ilegal el movimiento son más que suficientes, pero los jueces, ahora, le hacen un flaco favor a la imagen del Poder Judicial al dejarla en una larga espera sobre su escritorio.
En este caso, hay más dudas: nunca la Corte Suprema de Justicia informó de cuántos empleados fueron a huelga ni hasta dónde llegó el perjuicio para los usuarios.
El entonces presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla, prometió que algún día iban a tener el informe, pero nunca se hizo público.
La transparencia del Poder Judicial es la gran perjudicada en este caso y, precisamente, la dañan funcionarios que para reclamar privilegios sí son muy ágiles.
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Armando Mayorga es jefe de Redacción de La Nación.